El gobierno decidió convertir al Consejo Nacional para la Integración de la persona con discapacidad -CONADIS-, que representa a 3´630,000 personas, en una dirección del ineficiente Ministerio de la Mujer (Mimdes), quitándole de este modo gran parte de su autonomía orgánica y presupuestal, disminuyendo su jerarquía (era OPD) y anulando el derecho de su presidente a asistir (con voz pero sin voto) al Consejo de Ministros, para promover las políticas que favorezcan a los peruanos con discapacidad.

No olvidemos que en el Perú solo 5% de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en edad escolar accede a la escuela; 81% de las personas con discapacidad nunca ha recibido rehabilitación ni apoyo de aparatos ortéticos y ortopédicos; 80% de personas con discapacidad en edad de trabajar están en situación de inactividad y/o excluidos del trabajo. Sin embargo, el organismo creado para defender y promover sus derechos ha quedado diluido en el Minsa bajo el pretexto de la modernización y articulación funcional.

Viene al caso recordar el informe de la Defensoría del Pueblo del 15/12/2006 titulado ‘Barreras Físicas que Dificultan el Acceso de las Personas con Discapacidad a los Palacios Municipales’. Fue el resultado de evaluar las condiciones de infraestructura amigable para personas con discapacidad en 72 municipios del país (23 provinciales de capitales de departamentos y 47 distritales de Lima y Callao). Se encontró que 9 (13%) eran completamente inaccesibles y 61 (84%) tenían una accesibilidad limitada. Solo Ate y Miraflores aprobaron la evaluación. Además, en el 50% no es posible el acceso autónomo ade las personas con discapacidad, y en el 91% no habían ventanillas para atender a personas con discapacidad. Habían dificultades en las rampas de acceso ubicadas en las esquinas y en los ingresos de los locales ediles, en las veredas que no teenían el ancho mínimo para transitar en silla de ruedas y tamaños inadecuados de estacionamientos reservados para personas con discapacidad. Las puertas, los servicios higiénicos, las ventanillas, las escaleras y ascensores no estaban especialmente acondicionados. El personal de vigilancia no estaba capacitado para atender a estas personas De 68 locales con más de un piso de atención al público, solo tres tenían ascensores para ser utilizados por personas con discapacidad. En 68 municipios no había servicios higiénicos accesibles para personas con discapacidad.

SUBJETIVIDAD Y SIMBOLISMO

Toda acción de un gobierno siempre tiene un grado de subjetividad consciente o inconsciente y un simbolismo que los analistas tratan de interpretar para entender la racionalidad del pensamiento del gobernante, aplicable también a otros temas. Hay programas nacionales como el de “Sierra Exportadora” con menor importancia relativa que la atención expecializada y focalizada que requieren los millones de personas con discapacidad. Sin embargo y pese a que “Sierra Exportadora” sería fácilmente asimilable al Ministerio de Agricultura, a éste se le da el rango de entidad autónoma, con amplios presupuestos y presencia de su jefe en el gabinete ministerial, mientras que a Conadis se le baja de jerarquía. Pero no solo eso.

La absorción del Conadis por el Mindes coincide con la absorción del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos -INDEPA- por parte del mismo Mindes que dicho sea de paso ni siquiera es capaz de lograr una eficiente reducción de la desnutrición infantil. Resulta inevitable preguntarse ¿qué tienen en común en la subjetividad del gobernante el Conadis y la Indepa? ¿Será que se considera a los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano como pueblos con discapacidad social y cultural y a las personas con discapacidad física como si fueran indígenas marginales de la civilización? Tanta coincidencia no puede ser casual.

Se necesita un ente visible, identificable por su tarea especializada, para ser la voz de los más de 3 millones de peruanos con discapacidad, que luche por sus derechos legales y sociales. Por ejemplo, por el derecho a ocupar el 3% de todos los trabajados en las instituciones públicas , el 5% de los cupos para el ingreso a las universidades, tener 15 puntos adicionales en todo tipo de concurso público por las diverss plazas y la asignación eocnómica para la adquisicón de sillas de ruedas y otros implementos afines. El Perú suscribió recientemente la «Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» en la sede de la ONU y meses atrás declaró la “Década de las Personas con Discapacidad (2006-2016)” adhiriéndose a la propuesta de la OEA, disponiendo que se reformulase el Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Quién va a responder por todo esto? Bien vale la pena recuperar la idea de una autoridad nacional para atender los asuntos de las personas con discapacidad.