En Chile Pinochet se deshizo de la responsabilidad administrativa y financiera de la educación escolar pública centralizada (92% del total ya que 8% es privada) y trasladó 50% a los municipios y 42% a las corporaciones, que eran administradoras privadas de la educación pública subvencionada con derecho a ganar una renta. En ambos casos, el estado les daba un subsidio mensual por alumno matriculado que hoy es de 60 dólares, con el que debían financiar la educación que ofrecían: gratuita en los municipios, y con opción a un pago adicional de los padres en los subvencionados. (67% paga entre 10 y 40 dólares adicionales).
Las evaluaciones nacionales de rendimiento muestran que los alumnos privados obtienen mucho mejores resultados que los privados subvencionados (que acogen a la clase media) y estos mejores que los municipales (que acogen a la clase media-baja y a los pobres). Además, los municipios con más recursos logran mejores resultados que los más pobres, los cuales no tienen recursos ni capacidad de gestión como para hacer un aporte adicional para apuntalar la calidad de la educación de los colegios a su cargo.
Los estudiantes chilenos piden eliminar la educación privada subvencionada (aducen que los propietarios lucran con dinero estatal destinado a los alumnos) y piden recentralizar la educación pública municipalizada, para que sea el gobierno central el que se haga cargo de administrar y financiar la educación pública en condiciones igualitarias.
Por otro lado, los estudiantes se quejan que gran parte de la inversión educacional adicional destinada a alcanzar la jornada escolar completa, con estudios en la mañana y tarde incluyendo el almuerzo, ha resultado improductiva. En lugar de abrir en las tardes clases de artes, deportes, laboratorios, talleres, cursos opcionales diversas, etc. les están dando las mismas tediosas, aburridas e ineficaces clases de la mañana, con una acumulación insoportable de tareas para la casa. Piden modificar esta jornada escolar completa.
Finalmente, habiendo Michelle Bachelet ofrecido educación gratuita de calidad para todos, los estudiantes exigen pasaje escolar gratuito para todo el día (no solo de ida y vuelta al colegio) y que la prueba de ingreso a las universidades PSU sea gratuita (actualmente cuesta 52 dólares).
El gobierno chileno no tuvo más remedio que escuchar las protestas de los 600 mil estudiantes secundarios y reordenar su agenda política priorizando la educación.
¿Será premonitorio respecto al caso peruano?