El 22/9, en mi columna titulada “No se puede”, sugerí que Jorge del Castillo llamara a empresarios de la talla de Dionisio Romero y otros que figuran en la Encuesta del Poder de Apoyo para ayudarlo a diseñar e implementar un plan que reduzca la desnutrición infantil crónica del 24% al menos al 12% en cinco años, y no limitarse al magro 19% citado en su discurso al Congreso. Anticipé que estos empresarios jamás contestarían “no se puede”, como hacían algunos especialistas y funcionarios encargados del tema. A los pocos días recibí un e-mail de Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio del Grupo Romero, diciendo: “En lo que a mí y al Grupo Romero respecta, nuestra respuesta es ‘sí se puede’. No solamente se puede, sino que de ser llamados a apoyar a nuestro país en esta noble tarea, aceptaríamos el desafío con gusto”. Seguidamente adelantó los lineamientos de un posible mecanismo para lograr esta participación con transparencia. Sugería que el Estado llame a concurso público a las empresas y organizaciones que deseen participar en la concesión de servicios de alimentación/nutrición en las zonas más pobres y marginadas del país. Considera que ProInversión podría ser la institución encargada de redactar las bases, establecer las metas mínimas a cumplir y las variables bajo las cuales se compararían las ofertas y se declararía a los ganadores. Sugiere además que el país se divida en zonas para que los interesados escojan aquellas de su mayor interés, que podrían coincidir con aquellas en las que estén establecidas sus organizaciones (“por ejemplo, en el caso del Grupo Romero, nos interesaría Piura, por ser la región donde nacimos, y/o el Callao, por ser donde operan varias de nuestras empresas”). Los ganadores serían aquellos que cumplan los requisitos y superen los objetivos previstos con la menor coparticipación del Estado, es decir, con el menor costo para el Estado y los contribuyentes. Y sigue Romero: “De esta manera, los empresarios podríamos apoyar a nuestro país no sólo con nuestros impuestos, sino también con nuestra capacidad para reunir y motivar recursos humanos, definir estrategias, desarrollar procesos, destinar recursos, implementar controles; es decir, con las capacidades que se necesitan para lograr objetivos eficaz y eficientemente; capacidades que lamentablemente no siempre hay suficientes en el aparato público”. Queda entonces ahora en manos del gobierno asumir la iniciativa.