Si el gobierno hubiera asumido el imperativo ético de respetar lo firmado por Perú Posible y los otros partidos políticos en el «Acuerdo Nacional», habría considerado 600 millones de soles de aumento para el sector Educación, correspondientes al 0.25% del PBI, de 232,200 millones. Sin embargo, sólo le asignó 39 millones de los 1,180 millones demandados por Javier Sota Nadal. Debido a esa imperdonable negligencia, ha condenado a la educación peruana a la precariedad por un año adicional, desconociendo que los niños pobres del Perú tienen derecho a una escuela pública digna y saludable, que fomente los logros de aprendizaje, y de estar en manos de profesores cuyo esfuerzo y responsabilidad sean debidamente reconocidos y remunerados.

Con datos y propuestas muy precisas, el Consejo Nacional de Educación (CNE) ha invocado al gobierno y al Congreso para que asuman su responsabilidad con la educación peruana, que hace décadas está a la espera de un presidente y un ministro de Economía que la tomen en serio.

¿Qué ha sugerido el Consejo Nacional de Educación? Que de los créditos suplementarios –que superarán los 1,200 millones de soles– se destinen los 600 millones prometidos a Educación, repartidos a medias entre las remuneraciones de los profesores y los bienes que hagan de la escuela un lugar digno y saludable para los alumnos. Son 300 millones para remuneraciones (elevando el piso de todos, con un adicional diferenciado a favor de los directores y profesores rurales), 230 millones para rehabilitar servicios higiénicos escolares que son focos de producción de enfermedades estomacales y respiratorias (9,477 locales escolares no cuentan con agua y 15,138 no cuentan con desagüe), y 70 millones para completar la Biblioteca Nacional (28’), fortalecer la red nacional de bibliotecas, dotar a las escuelas de papel, tizas, lápices, colores y otros materiales fungibles, y proporcionar a los colegios libros para fomentar las actualmente deficitarias habilidades de lectoescritura.

Toledo y PPK tienen dos opciones: hacer caso al CNE y corregir esta imperdonable marginación de la educación de las prioridades nacionales, o consagrar su falta de interés. En el primer caso, Toledo podrá argumentar que hizo realidad su promesa de atender la emergencia educativa. En el segundo, debería dejar de «tomarles el pelo» a sus interlocutores nacionales e internacionales, ante quienes suele agradecer a la educación por sus logros económicos y políticos. Estaría diciendo «para mí sí, para otros no».