El 7/9/2004 el ministro de Educación, Javier Sota Nadal, presentó a la prensa el documento “La situación de la educación en el Perú: panorama crítico”, incluyendo evidencias sobre “el colapso de la calidad educativa”, la que sólo podría revertirse con más recursos, cosa que la prensa podría ayudar a colocar en agenda, recordando además los incumplidos aumentos presupuestales previstos en el “Acuerdo Nacional”. Planteó que los 8,946 millones asignados por el MEF para el 2005 se quedaron cortos en 1,141 millones frente a lo que había solicitado. Eso implicaba desatender urgentes necesidades de infraestructura (136.8 millones), alfabetización (24.7 millones), material educativo (29.2 millones), capacitación (33.3 millones), Huascarán (17.6 millones), emergencia educativa (20 millones), discapacidad (17 millones), educación inicial (90 millones), OPDs y universidades (99 millones), etc.

Sota sabía de la indiferencia del gobierno, la ausencia de una política educativa consistente desde el 2001 y las demandas del Consejo Nacional de Educación de contar con escuelas dignas y saludables. No es casualidad que esté agonizando el tres veces reorganizado Programa Huascarán, el abandono de la Biblioteca Nacional, Ciencia y Tecnología son palabras desconocidas para el gabinete; en 18 meses no se ha revertido significativamente la emergencia educativa y se han creado dos nuevas universidades para Apurímac y Huancavelica, a las que Sota se había opuesto. Ahora el gobierno anuncia que aumentará más a los profesores rurales frente a los urbanos y que entregará 100 soles a las madres pobres a cambio de que documenten que sus hijos son atendidos en inexistentes centros o programas educativos para la infancia más pobre.

Por si fuera poco, Sota reconoció que buena parte de los 41,383 locales escolares no podrá iniciar sus clases a tiempo, porque hay 5,517 inutilizables, 14,709 con serios daños y 9,477 carecen de agua, los cuales requieren de una inyección de recursos para su rehabilitación. Los 80 millones que acaba de prometer el presidente Toledo para la infraestructura no estarán disponibles en marzo.

Frente a prioridades tan erráticas y políticas tan inconsistentes entre los años 2001 y 2004, resulta inusitado que el ministro Javier Sota Nadal se haya quejado en El Comercio (26/2/2005) de que los analistas no somos capaces de reconocer los logros del gobierno con sus políticas educativas. Sota no debería confundir su relativo éxito en mantener a flote el sector (superando a sus antecesores) con el mejoramiento de la calidad de la educación.