Con motivo de las reiteradas demandas de varios sectores pidiendo la democratización del SUTEP, expresadas, en términos de regionalizar la Derrama Magisterial y llevar a cabo elecciones universales directas y secretas auditadas por la ONPE para elegir a la dirigencia nacional, sus voceros han reaccionado defensivamente sosteniendo que nadie ajeno al sindicato tiene por qué inmiscuirse en sus asuntos internos, uno de los cuales sería el sistema de elección de sus dirigentes.
Discrepo con la dirigencia del Sutep. Sin ser maestro de escuela pública afiliado al Sutep me siento con pleno derecho de inmiscuirme en los asuntos internos del Sutep porque son asuntos de interés público.
Primero, porque la sociedad peruana en su conjunto sufre por el bajo nivel educativo que tienen las escuelas públicas (y privadas), causado por múltiples factores, uno de los cuales es la incapacidad de una parte de los docentes afiliados al Sutep de formar nuevas generaciones de peruanos que sean capaces de lidiar con los desafíos de la modernidad, la ciudadanía informada y la competitividad.
Segundo, porque las huelgas y movilizaciones que hace el Sutep afectan a todo el país, tanto a los niños que pierden días escolares, a sus padres que pierden días de trabajo, como al conjunto de la sociedad nacional, que tiene que presenciar la erosión de la buena imagen de los maestros cuando algunos se comportan como vándalos.
Tercero, porque como demócrata y como maestro que conoce algunos miles de otros maestros de la escuela pública, considero que sólo una elección amañada puede haber traído como resultado que durante 32 años los puestos principales de la dirigencia nacional del Sutep hayan recaído en miembros del PC-Patria Roja, que ni remotamente representan al conjunto ni a la diversidad del magisterio nacional.
Cuarto, porque los costos económicos de los acuerdos a los que llega el Sutep con el gobierno para aumentar las remuneraciones magisteriales los tenemos que pagar todos los contribuyentes del Perú. Por lo tanto tenemos el derecho de exigir que nuestros impuestos se gasten adecuadamente y que los profesionales que tengan a su cargo la educación formal de nuestros niños y jóvenes sean idóneos, capaces de instruirlos y orientarlos en términos creativos y constructivos. Para ello los maestros deben ser evaluados periódicamente, incentivando a los que hacen un buen trabajo y exigiendo mejoras (o su retiro) a quienes no lo hacen, cosa que el Sutep impide.