Por tercera vez el ministro de turno cambia funcionarios y reorganiza el Plan Huascarán, que seguirá tambaleándose hasta el 2006. Como otros, nació de una promesa electoral sin programa ni financiamiento. De los 200 millones de dólares prometidos, lo poco realmente asignado se ha derrochado en hacer diseños ilusorios, costosas consultorías mayormente inútiles y colocar computadoras en algunos colegios.

Desde su concepción fue un plan voluntarista inviable: sería la clave mágica que transformaría la educación peruana gracias a la tecnología de la información. Permitiría el acceso de profesores y alumnos a videos, computadoras e internet y se capacitarían a distancia para mejorar su enseñanza o aprendizaje, algo que ni EEUU, Chile o Costa Rica han logrado hasta hoy y probablemente no lograrán al menos en la presente década.

En lo inmediato, ¿qué necesitan nuestros profesores? Poseer una computadora conectada a internet y trabajar con ella en casa, hasta convertirla en una herramienta de uso cotidiano en la cual preparen sus clases y desde la cual se comuniquen con sus alumnos. Sólo entonces podrán incorporar esta tecnología a los quehaceres escolares. Esto requiere un plan de créditos preferenciales para que todos los profesores adquieran y usen su computadora.

¿Qué necesitan nuestros alumnos? El acceso universal y fluido a la computadora y a internet, para ampliar sus horizontes culturales, para dominar una herramienta que les facilite el acceso al mercado laboral y a la modernidad. Pero eso no se resuelve poniendo 16 computadoras en algunos colegios, que si llegan a estar operativas garantizan sólo unos minutos mensuales de acceso a cada profesor o alumno. Tampoco requiere capacitar primero a los profesores para que éstos lo hagan luego con los alumnos, quienes aprenden más rápido y mejor que sus maestros.

Para universalizar el acceso de alumnos a computadoras e internet bastaría con que exista una enorme red de cabinas públicas administradas por pequeñas empresas, bibliotecas municipales, institutos con capacidad ociosa, centrales telefónicas comunales, etc., que garanticen el acceso, mantenimiento, servicio e instructores. Los alumnos podrían tener un carné escolar electrónico que les dé derecho a 30 horas mensuales de acceso, pagado por el Estado. La gestión podría tercerizarse regionalmente con entidades de experiencia y prestigio como la RCP, con la ventaja adicional de reservarle al Ministerio de Educación el monitoreo, control de calidad y la denuncia cuando se detecten deficiencias. ¿No sería más efectivo?