Por enésima vez el Ministro de Educación de turno ha decidido cambiar funcionarios y reorganizar el Programa Huascarán, que sin duda seguirá tambaleándose hasta posiblemente pasar al olvido luego del 2006. Esta vez han sido cesados Freddy Mendoza Arteaga, Director de Informática y Comunicaciones del Proyecto Huascarán y Víctor Begazo Rodríguez, consultor en energía, a propósito de la denuncia del 10 de junio del diario Perú 21. En ella se reveló que Mendoza habría estado cometiendo serias irregularidades al favorecer a empresas de conocidos suyos en licitaciones fraudulentas de paneles solares, que fueron diseñaron de tal forma que beneficiaron a la empresa Cime Comercial, de propiedad de Vicente López Giraldo, empresario amigo del presidente Alejandro Toledo. Curiosamente el ministro Javier Sota Nadal había pedido a la Contraloría al inicio de su gestión una auditoria del programa así como varias otras acciones de control interno específico, pero éstas no se culminan hasta la fecha.
Además de Mendoza y Begazo, se separó de su cargo al actual director ejecutivo y jefe del programa César Espinoza Soto, (colocado por Gerardo Ayzanoa para reemplazar a Sandro Marcote quien fuera puesto por Nicolás Lynch), creando una Comisión de Reorganización para presentar en 60 días un diagnóstico y una propuesta renovada sobre el Huascarán. Esta comisión esta presidida por el Doctor en física Manfred Horn Mutschler, director del Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) e integrada además por José Luis Velásquez, asesor de la Alta Dirección del ministerio y Pedro Patrón Bedoya, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio.
Como otros programas y planes, el “Huascarán” nació de una promesa electoral en el CADE 2000 sin mayor detalle del programa ni financiamiento. De los 200 millones de dólares prometidos, lo poco realmente asignado se ha derrochado en equipos técnicos ineficaces, computadoras colocadas en algunos colegios sin pasado ni futuro, y en consultorías inútiles, como aquella de varios millones de dólares encargada por Malpica y Chon al equipo costarricense encabezado por Lorenzo Guadamuz , con fondos peruanos facilitados por el PNUD.
Mediante decretos urgentísimos que direccionaban el dinero a través de PNUD de Costa Rica y PNUD de Perú se contrataron consultorías para el Huascarán para hacer un portal educativo, contar con software educativo para primaria, un plan de emergencia y el diseño del Data Center. El resultado no pasó de ser un conjunto de páginas web (los software de base no eran originales y todo el soporte estaba en Costa Rica) y se armó un Data Center con equipos prestados por las empresas que esperaban la licitación para las compras. En suma, un desperdicio.
Desde su concepción el “Huascarán” fue un plan voluntarista inviable: sería la clave mágica que transformaría la educación peruana gracias a la tecnología; permitiría el acceso de profesores y alumnos a computadoras e internet, los capacitarían a distancia, mejoraría su aprendizaje, se nutrirían de un portal educativo peruano… algo que ni EE.UU, Chile o Costa Rica han logrado hasta hoy y probablemente no lograrán al menos en la presente década.
En lo inmediato ¿qué necesitan nuestros profesores? Poseer una computadora conectada a internet y trabajar con ella en casa, hasta convertirla en una herramienta de uso cotidiano en la cual preparen sus clases y desde la cual se comuniquen con sus alumnos. Solo entonces podrán incorporar esta tecnología a los quehaceres escolares. Esto requiere un plan de créditos preferenciales para que todos los profesores adquieran y usen su computadora.
¿Qué necesitan nuestros alumnos? El acceso universal y fluido a la computadora y a internet, para ampliar sus horizontes culturales, para dominar una herramienta que les de acceso a la modernidad. Pero eso no se resuelve poniendo 16 computadoras en algunos colegios, que si llegan a estar operativas garantizan solo unos minutos mensuales de acceso a cada alumno. Tampoco requiere capacitar primero a los profesores para que éstos lo hagan luego con los alumnos que aprenden más rápido y mejor que sus profesores.
Para universalizar el acceso de alumnos a computadoras e internet bastaría con que exista una enorme red de cabinas públicas administradas por pequeñas empresas, bibliotecas municipales, institutos con capacidad ociosa, centrales telefónicas comunales, etc que garanticen el acceso, mantenimiento, servicio e instructores. Los alumnos podrían tener un carné escolar electrónico que les de derecho a 30 horas mensuales de acceso, pagado por el estado. La gestión podría tercerizarse regionalmente con entidades de experiencia y prestigio como la RCP, con la ventaja adicional de reservarle al Ministerio de Educación el monitoreo, control de calidad y la denuncia cuando se detecten deficiencias. ¿No sería más sensato?