León Trahtemberg denuncia que se pretende eliminar exoneraciones de IGV a entidades educativas Advierte que más de un millón de estudiantes serían afectados con reforma constitucional.

Las universidades, institutos superiores, colegios, cunas y guarderías privadas podrían elevar sus pensiones en más de 18%, si se aprueba el artículo 40º del anteproyecto de ley de reforma constitucional que cancela la exoneración del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y otros impuestos, con lo cual se perjudicarían más de un millón de estudiantes de la clase media, denunció el especialista en educación León Trahtemberg.
“Sólo estarán libres de impuestos las entidades educativas sin fines de lucro, que en el país son pocas, como colegios religiosos y algunas asociaciones. Contrariamente, en la Constitución vigente no se hace esta excepción entre las entidades educativas del sector, pero se les cobra el Impuesto a la Renta sobre las utilidades que generan”, informó.
Dijo que se debe corregir el texto referente a la exoneración de impuestos sólo para las instituciones educativas sin fines de lucro, ya que la mayoría de colegios, universidades y otras instituciones del sector privado fueron formadas con fines de lucro, sin que eso afecte la calidad de la enseñanza.
“Si se aprueba esta ley, se encarecerán las pensiones y como resultado de esta alza, muchos estudiantes abandonarán sus centros de estudios y los dueños se verán obligados a cerrar sus puertas por falta de alumnado”, señaló.

Anteproyecto de ley de reforma constitucional

Artículo 40º.- Régimen tributario de centros educativos
Las universidades, institutos superiores, centros educativos de otros niveles, incluidas cunas y guarderías, que no tengan fines de lucro, se encuentran inafectas al pago de impuestos que graven los bienes, rentas, servicios, así como las adquisiciones destinadas exclusivamente a su finalidad educativa y cultural.

Constitución Política de 1993

Artículo 19º.- Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.
Para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.

*Nota: Ambos artículos fueron obtenidos de la página web del Congreso.

Representantes de centros educativos particulares rechazan proyecto

La presidenta de la Asociación de Promotores de Centros Educativos Particulares, Mery Lozada, afirmó que esta norma representa una clara amenaza contra las instituciones educativas privadas.
Explicó que, aunque durante los últimos cinco años, los colegios han tenido las pensiones congeladas, existe un índice de morosidad de dos meses y medio de retraso en el pago por parte de los padres de familia.
Lozada informó que a nivel nacional existen 15 mil colegios privados, mientras que sólo en Lima hay 7,500.
Por su parte, Eduardo Pecol, presidente del Consorcio de Colegios Católicos, advirtió que si se cobra el IGV, la educación se volvería elitista y asequible solamente para los que tienen mayores ingresos económicos.
Comentó que es inconcebible que el Estado busque gravar a los padres de familia, cuando éstos ya pagan impuestos.

Congresista Helfer dice que los que protestan están desinformados

La congresista de Perú Posible Gloria Helfer negó que mediante la reforma constitucional se intente cobrar IGV y otros impuestos a las instituciones educativas privadas y dijo que las personas que protestan están desinformadas.
“No hay que protestar por gusto, ya que el artículo sobre la exoneración de impuestos a las entidades educativas es el mismo que el de la Constitución Política del 93. Hay personas que están obsesionadas con el cobro y no cobro de impuestos”, declaró.
Aseguró que ella misma ha participado en la elaboración de este artículo que será aprobado después de las elecciones regionales, y que, según ella, cuenta con el visto bueno de los sectores involucrados, cuyos representantes le habrían expresado su satisfacción.
Helfer dijo que tal vez haya un error en la página web del Congreso de la República, donde se observa el anteproyecto de ley, y que eso habría confundido a los dueños de las instituciones educativas del sector privado y a los especialistas en educación que expresaron su rechazo a esta norma.