Las estadísticas dan cuenta de que existen 60,000 abogados, 30,000 por titularse y 44,000 estudiantes en 46 facultades de derecho que egresarán en los próximos cinco años. Los expertos denuncian esta descontrolada sobreoferta de abogados, su usualmente precaria formación académica, así como la ineptitud y corrupción con la que muchos ejercen la defensa del patrimonio y la libertad de miles de peruanos, más aún cuando asumen funciones de jueces y fiscales.

Si bien hay consenso sobre la necesidad de cambiar la formación académica y ética de los futuros abogados (y maestros, economistas, ingenieros, etc.), sería iluso pensar que si –a juzgar por las encuestas y denuncias periodísticas– tenemos un sistema político y judicial altamente corrupto, los futuros abogados –aun si fueran formados en mejores términos- serán garantía de limpieza ética. Un Estado corrupto produce gran cantidad de abogados (o maestros, médicos, economistas) corruptos. Cambiar eso no depende de las universidades, sino de los gobernantes, congresistas, fiscales, jueces y abogados en quienes los estudiantes se inspiran. Si los estudiantes, asqueados por la manera en que Fujimori y Montesinos se repartieron el botín estatal y manejaron el Poder Judicial y el Congreso, descubren ahora con gran frustración que las cosas no han cambiado mucho, no esperemos que ellos sigan un camino distinto al de sus antecesores.

Sería interesante que los fiscales y jueces hagan docencia universitaria y les expliquen a los estudiantes de derecho, por ejemplo, el proceso seguido a las personas naturales y jurídicas responsables de los dos grandes crímenes de principio de siglo, que ocurrieron durante este gobierno. Curiosamente no fueron ocasionados por acción del terrorismo, sino por dos incendios, el de Utopía (29) y el de Mesa Redonda (280). Si los responsables hubieran sido terroristas, los hubieran condenado a 35 años de cárcel. Pero como no son “alzados en armas”, y además han sabido apretar los botones adecuados, han logrado una justicia de lo más benevolente. Seguramente los fiscales y jueces podrán explicar cómo es posible en el Perú extinguir alevosamente 309 vidas y que nos hagan creer que lo muertos son culpables por dejarse matar por entrar en trampas mortales. ¿Hay alguien que todavía quiere convencernos de que cambiando la formación universitaria de los abogados tendremos justicia? El tema no es académico. Es ético. Y cambiarlo no está en manos de los estudiantes, sino de sus mentores.