Correo 17 09 2021

En un ambiente en el que quien usa mascarillas de protección pone en riesgo ante la presencia de quien no la usa, está desarrollándose un debate en distintos países del mundo sobre cómo lidiar con ello en las aulas escolares y universitarias. Si bien en los colegios la obligatoriedad está normada por el estado o la propia autoridad escolar, a nivel universitario el panorama es más disímil y se está convirtiendo en una experiencia estresante para los catedráticos.

Una reciente columna en el NYT “El profesor con cubrebocas vs. el alumno sin mascarilla” (9/9/2021) analiza el tema a partir de la renuncia de catedráticos para dictar clases si hay presentes estudiantes sin mascarillas en universidades que no exigen que sus estudiantes estén vacunados o que usen mascarillas. Cita como ejemplo la Universidad de Texas en Austin que ha dicho que el uso de cubrebocas es opcional y es un estado que prohibió los mandatos que exigían los cubrebocas.

Sin embargo, la Asociación Americana de Salud Universitaria recomienda que todos los estudiantes de educación superior que asistan a los campus durante el semestre de otoño se vacunen. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan cubrirse la cara, independientemente del estatus de vacunación de las personas, en los espacios públicos interiores de las zonas donde la tasa de contagios es alta. Pero eso se ha implementado en pocos campus.

Al menos nueve estados (Arizona, Arkansas, Iowa, Oklahoma, Florida, Carolina del Sur, Texas, Utah y Tennessee) han prohibido o restringido los mandatos escolares que exigían el uso de cubrebocas. Según los funcionarios de educación, no está claro si todas estas prohibiciones se aplican a las universidades, pero las universidades públicas dependen del financiamiento estatal.

Más de 1000 institutos y universidades han adoptado requisitos de vacunación para, al menos, algunos estudiantes y miembros de su personal, según The Chronicle of Higher Education. Esto muestra que la vacunación se ha convertido en un tema político porque esas instituciones tienden a estar ubicadas en los estados que votaron por el presidente Joe Biden en las últimas elecciones. En estados liderados por republicanos como Georgia, Texas y Florida, la vacunación es opcional. Solo se recomienda el uso de mascarillas, pero no es una exigencia. Los profesores pueden decirles a los estudiantes que se les “recomienda encarecidamente” pero no pueden obligarlos ni pedirle a los sintomáticos que salgan del aula.

Mientras dure la pandemia este debate se hará más frecuente y encontrará posiciones encontradas para las cuales también en el Perú debemos estar preparados con alguna postura. El principal argumento a favor de hacer obligatoria la vacunación es que el ser portador pone en riesgo a quienes están a su alrededor en los espacios públicos. La vacunación colectiva beneficia a la sociedad de manera colectiva, por lo que es justo que la responsabilidad la compartan equitativamente todos los miembros individuales de la sociedad.

Los principales argumentos en contra de la obligatoriedad de la vacunación en una democracia liberal es que atenta contra la autonomía de las personas sobre el cuidado de su cuerpo y además constituye una derrota de la política pública de persuadir a la población de vacunarse. Adicionalmente expone al sistema a demandas judiciales y desgastes políticos. Un buen grupo de antivacunas no confían en los expertos, la industria y menos en el gobierno. Siendo así, se alimenta la energía de los opositores que expanden sus adherentes apelando al populismo científico y político y la desinformación.

El tema no es sencillo porque implica una confrontación de valores en un tema polémico sobre el cual cada sociedad toma una postura en consistencia con sus propias convicciones. Lo mejor es escuchar todas las posiciones para finalmente llegar a la conclusión que resulte más aparente para el caso peruano. No olvidemos que el Perú no tiene una tradición muy sólida en cuanto al cumplimiento de las leyes por el solo hecho de que éstas sean promulgadas, ni tampoco de ser un aplicador consistente de sanciones por el incumplimiento. Por lo tanto, el espacio para lo educativo es absolutamente crucial.

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