Por fin el Ministerio de Educación reconoce que al lado de los derechos de los 300 mil profesores estatales, existen los derechos de unos 6 millones de padres de familia.

Los padres de familia en los colegios públicos no tienen ni voz ni voto. A lo largo de los años las normas los han tratado como inválidos mentales, cuya única función institucional consistía en matricular a sus hijos, pagar la cuota de la Apafa y alguna cuota extraordinaria o trabajo comunal. La legislación educacional ha sido formulada de modo que los únicos que tienen derechos detalladamente protegidos son los maestros. Lo paradójico del asunto es que de acuerdo a la Constitución y al sentido común, los padres son los responsables primarios de la educación de sus hijos, buena parte de la cual ocurre en los colegios.
Por eso hay que saludar la iniciativa del ministro de Educación Nicolás Lynch quien se ha empeñado acertadamente en revalorizar el papel de los padres de familia en las decisiones sobre quiénes son los profesores adecuados para enseñar a sus hijos en los colegios públicos a los cuales asisten. Esto lo hizo concediéndoles participación con voz y voto en el Consejo Escolar, que es la primera instancia evaluadora de los postulantes en el próximo concurso público para el nombramiento de 35.000 plazas docentes, autorizado por la Ley 27491 D.S. 065-2001-ED.
Este concurso tiene algunas deficiencias muy visibles, como el hecho de tomar un examen nacional a los postulantes después de la evaluación hecha por los consejos escolares, cuyo puntaje y orden de mérito lamentablemente puede desvirtuar la voluntad del consejo escolar. Sin embargo, en esta etapa lo más importante es que por fin el Ministerio reconoce que al lado de los derechos de los 300 mil profesores estatales representados por el Sutep, existen los derechos de unos 6 millones de padres de familia, que deben ser defendidos aunque todavía no tengan una representación institucional nacional que hable por ellos.
Esto constituye un punto de giro. El tradicional estado populista ha desconocido sistemáticamente en su legislación los derechos de cada niño de estar en manos de un buen maestro capaz de brindarle una buena educación, y la de sus padres de escoger y opinar sobre los profesionales que coeducarán a sus hijos, es decir los profesores. La ley de educación y del profesor definen claramente los deberes y sobre todo derechos de los profesores. Sin embargo, no hay un equivalente para defender los derechos de los niños en la escuela, ni tampoco la de los padres de familia mas allá de su organización en Apafa para fines secundarios.
Frente a esta propuesta ministerial hay maestros que han reaccionando con todo tipo de adjetivos descalificadores respecto a los padres de familia, diciendo que son pasivos, desinteresados, incapaces, corruptos, etc. Similares adjetivos se escucha de los padres respecto a no pocos maestros: incompetentes, mal formados, aburridos, negligentes, corruptos, etc. La verdad es que no se puede generalizar porque entre tantos padres y maestros siempre será posible encontrar de todo, como ocurre también entre los políticos, militares, jueces, policías, o integrantes de cualquier profesión.
El reto para el país consiste en estimular a los padres y maestros para que asuman sus responsabilidades, y a la vez limitar claramente los efectos de quienes pudieran desempeñarse inadecuadamente. A esto hay que agregar, en defensa de los padres, que mientras se espere de ellos que se limiten a juntar dinero para dejarlo a disposición de una cúpula de la Apafa o la dirección del colegio, o que asistan a aburridas e insulsas asambleas o charlas, pocos se sentirán motivados para activar en las Apafa.
Pero si se les da voz y voto en decisiones que marcarán la vida escolar de sus propios hijos, habrá mucho más incentivo para comprometerlos a activar con la mayor responsabilidad.