Urge elaborar una nueva Ley del Magisterio moderna, que abra paso a una nueva concepción de escalafón y carrera docente que incluya un sistema de incentivos y evaluaciones

 

La reciente huelga magisterial ha hecho visibles cinco asuntos vitales para el desarrollo nacional. Primero, la urgencia de que el Gobierno revise las exoneraciones tributarias, la Ley 20530 y el financiamiento de la educación.

No podemos llegar al 2004 en similares condiciones a las del 2003. Segundo, posiblemente estemos presenciando una «crisis de crecimiento» en el magisterio. Después de 30 años de monopolio dirigencial por parte de militantes de PC-Patria Roja los maestros apristas, socialistas, equipos docentes, pucallaktinos, etc., han expresado claramente su malestar por no estar debidamente representados en el Comité Ejecutivo Nacional del Sutep y la Derrama Magisterial. Rechazan la antidemocrática sobrerepresentación de Patria Roja que esperan sea más limitada a partir de elecciones universales directas. Si bien los medios captaron principalmente el enfrentamiento entre los docentes seguidores Roberto Huaynalaya y los de Nílver López, hay una diversidad de otras pugnas e insatisfacciones y posiblemente se expresarán en las nuevas elecciones. Tercero, urge elaborar una nueva Ley del Magisterio moderna, que abra paso a una nueva concepción de escalafón y carrera docente que incluya un sistema de incentivos y evaluaciones para ingresar, mantenerse, progresar y salir de la carrera docente, de modo que el derecho de los alumnos a estar en manos de buenos maestros quede mejor balanceado frente al derecho de los nombrados a gozar de estabilidad laboral. Significa también convertir a los directores y a los padres de familia en actores más protagónicos en la gestión de cada centro educativo que debe adquirir creciente autonomía para su autogestión.

Cuarto, no se puede sustentar el desarrollo de la educación peruana en las migajas presupuestales que se derivan de los escasos recursos de unos programas educativos para ponerlos en otros, como en el caso del aumento magisterial. Si no hay recursos presupuestales adicionales, no es posible mejorar la calidad de la educación peruana.

Finalmente, se ha hecho evidente la necesidad de buscar ministros de educación con el mismo cuidado con el que se busca a primeros ministros y ministros de Economía sólidos como Solari y Silva Ruete. No solo deben ser profesionales solventes, reconocidos y prestigiados, sino además tener la habilidad para negociar con el magisterio, liderar la renovación del pensamiento educativo peruano y manejar desde su sector a todos los otros con los que tiene que concordar políticas y acciones.

De todos estos temas, el financiero y el magisterial son centrales para la legislación educacional. Por eso, hace falta dar un gran debate sobre ellos, que podría promoverlo el Consejo Nacional de Educación, para sincerar cifras y diagnósticos, incorporar los aportes de las experiencias exitosas nacionales e internacionales y los que procedan de los gobiernos regionales recientemente establecidos, para solamente después promulgar una nueva ley de educación. No es un debate simple. Discutir temas como los alcances y limitaciones del financiamiento estatal para la educación superior, o reconocer la necesidad de que los profesores se sometan a evaluaciones periódicas para determinar su calidad profesional, significa confrontar dogmas que están instalados por décadas en la mentalidad convencional. Lo mismo ocurre al poner en debate interesantes propuestas como la de El Comercio de darle al Consejo Nacional de Educación una personalidad y prerrogativas equivalentes a las del BCR pero aplicadas a la educación, para garantizar la solvencia técnica y la continuidad de la reforma educativa. Eso requiere hacer mucha pedagogía pública para comprometer a la opinión pública hacia la necesidad de sincerar y relanzar la educación peruana. De producirse todo esto, la crisis asociada a la reciente huelga magisterial bien podría convertirse en una crisis de crecimiento.