Formalmente el portal SíseVe es una herramienta virtual alojada en la dirección www.siseve.pe/web/ la cual permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar. Los reportes pueden ser realizados por personas que hayan sido víctimas, testigos o tengan conocimiento de un hecho de violencia o acoso escolar.
Todo caso de violencia o acoso escolar del que se tenga conocimiento en la escuela debe ser reportado en el portal SíseVe.

Dicho reporte debe registrarse de inmediato en el libro de registro de incidencias que da inicio al proceso de atención, el cual sigue las pautas indicadas en los protocolos.
Cuando no hay lesiones físicas el protocolo exige entrevistar a los estudiantes por separado y con la presencia de las familias, recabar información adicional de estudiantes testigos, luego convocar a los padres de familia o apoderados de los estudiantes involucrados para informarles la conclusión de la investigación, anotar el hecho de violencia en el Libro de Registro de Incidencias y reportarlo en el portal SíseVe. En caso haya violencia sexual y/o física con lesiones de algún tipo orientar y acompañar a los padres de familia o apoderados del estudiante agredido a la Policía Nacional o al Ministerio Público. Informar el hecho y las acciones desarrolladas a la UGEL, guardando la confidencialidad del caso.

Si el colegio no informa de inmediato en el libro de registro de incidentes y el SISEVE corre el riesgo de ser sancionado por la UGEL y por Indecopi en el caso de los colegios privados. Eso lleva a que los colegios denuncien de todo en el SíseVe., sin diferenciar lo que debe ser denunciado y lo que debe ser manejado privadamente por el colegio.

Preguntas:

1). Si se trata de investigar y hablar con testigos e involucrar a padres ¿cómo se mantiene la privacidad del hecho? No hay forma

2). ¿Qué pasa si la denuncia resulta falsa? No se borra del SISEVE, solo se emite el informe del cierre del caso, pero sigue visible la denuncia.

3). ¿Cómo se diferencia lo que es una agresión física, psicológica o sexual de niños de 5,8,10 o 12 años que corresponden a momentos evolutivos totalmente distintos en los cuales los actos de violencia o acoso tiene naturaleza diferente? Por ejemplo, dos niños de 5 años que se miran y tocan los genitales por curiosidad, o se arañan en una pelea entre pares, ¿están en la misma categoría si tienen 5 años, 8 años, 12 años o 15 años? El protocolo no cambia según edades ni tampoco la exigencia de incorporarlo al SíseVe, bastando la denuncia de uno de los padres.

4). ¿Qué margen de maniobra tiene un centro educativo para manejar con discreción cada caso, e intentar entender y resolverlo por medios pedagógicos propios, con apoyo de los padres, si es que de todos modos hay que colocarlo en el SíseVe y comunicar a los padres de tal registro? Casi ninguno. El conflicto público entre padres que acusan y defienden es inevitable.

Problemas:

Partamos de principio que no existe privacidad de ningún registro digital que haya en el Perú. Hay vendedores de bases de datos reservadas. Los periodistas saben a los 5 minutos qué dijo un colaborador eficaz en sus declaraciones; los datos de seguridad nacional son fácilmente hackeables; por lo tanto, todo lo escrito en el SíseVE podrá ser conocido de manera pública por los interesados en conocer antecedentes de las personas.

Pongámonos en el escenario de una empresa que desea investigar a un postulante a un empleo al que le piden antecedentes policiales, judiciales, e inclusive de conductas escolares (dicho sea de paso, a veces empresas de alta sensibilidad en su seguridad hasta hoy me piden referencias de alumnos que tuve en el colegio hace décadas).

Imagínense que ese postulante sale limpio en sentencias judiciales, pero aparecen denuncias de acosos sexual o violencia física derivados de su vida escolar, cortesía del SíseVe. ¿Estamos protegiendo los derechos de niños y adolescentes a tener un futuro pleno de oportunidades o los estamos condenando desde que son escolares a tener manchas en su currículo que les signifique frenos a sus máximas opciones?

Agreguemos a lo anterior la estigmatización o discriminación que puede sufrir el acusado o la víctima de parte de sus compañeros, los impactos emocionales en los estudiantes de verse involucrados en una investigación mayor por hechos menores, el impacto académico que eso tiene en los alumnos, los problemas de conducta futuros de estos alumnos, los golpes a su autoestima, etc.

Los protocolos del SíseVe ha convertido a los colegios en una especie de fiscalía y juzgado, cuando su rol debiera ser pedagógico y psicológico, para dar espacio a trabajar en temas de prevención y acompañamiento de estudiantes. No olvidemos que aún si hay un agresor, aunque sancionable, también éste tiene el derecho a la educación, es decir al acompañamiento y la rehabilitación. Convertir el proceso en un tema legal y judicial, evita que finalmente los involucrados enmienden y reparen, aún si tienen que aceptar las sanciones propias de sus trasgresiones.

Lo adecuado debería ser darles a los colegios el margen de maniobra para encarar los incidentes, y en lo posible evitar la escalada de los conflictos menores y decidir cuál merece ser registrado para y cuál no. Cuando los padres intervienen en la investigación, acusación y descargos, la situación puede escalar a un nivel en el que el colegio pierde el control del manejo del caso. Esto podría llevar a una mayor publicidad del incidente, lo que podría aumentar el estigma asociado al alumno denunciado y la víctima. Además, la intervención de los padres puede llevar a disputas legales o conflictos entre familias y ellas con la institución educativa, lo que podría tener repercusiones negativas para todas las partes.

En suma, lo sensato sería devolver a los colegios un mayor nivel de discrecionalidad para definir si un problema puede ser manejado internamente con estrategias pedagógicas o si debe involucrarse a una tercera instancia. Nada de eso impide a padres cuyos hijos sufren de algún riesgo en su vida o integridad puedan denunciar el caso en el colegio para que tome cartas en el asunto, y si el riesgo no se desactiva, acudir a instancias superiores. Pero convertir los temas educativos en un tema de trámites, registros y papeleo administrativo y legal a ser atendido por instancias judiciales es un contrasentido.

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