La huelga magisterial ha concentrado la atención de la opinión pública en las reivindicaciones económicas que se demandan, pero ha dejado escondidas algunas otras dimensiones que explican por qué así se llegase a un acuerdo transitorio por este año, la huelga podría repetirse el próximo año.

En primer lugar esta huelga no tiene solo una dimensión económica, sino también ética. Por primera vez los maestros demandan el cumplimiento de una promesa electoral cuantitativa hecha por el actual presidente Toledo, quien dijo que duplicaría el presupuesto de educación y el sueldo de los maestros. Siendo esta promesa muy difícil de cumplir, el presidente Toledo tiene la obligación de hacer un gesto ético y político al respecto. Salir a la población para explicar la realidad del país, disculparse por el exceso de optimismo durante la campaña, e invitar al magisterio, junto con las universidades, líderes políticos y otros actores relevantes, a una negociación que esta vez establezca acuerdos cumplibles por los próximos tres años, con el aval del Acuerdo Nacional, a manera de pacto social por la educación. Podría iniciarse señalando que el tema y su abordaje trasciende el sector Educación y el partido de gobierno, por lo que requiere una intervención multipartidaria e intersectorial, estableciendo además algunas responsabilidades. 1) Es responsabilidad del presidente sincerar públicamente los compromisos electorales, para perfilar los nuevos compromisos. 2) Es responsabilidad del Congreso aprobar el incremento del 0,25% por año establecido en el Acuerdo Nacional. 3) Es responsabilidad del Gobierno y del Congreso elaborar de inmediato una ley de desarrollo magisterial y afines para que los beneficios, obligaciones y futuros aumentos calcen con esta nueva ley. 4) Es responsabilidad de los firmantes del AN respaldar ambas iniciativas. 5) Es responsabilidad del Sutep preocuparse por no afectar a los alumnos con la huelga. 6) Es responsabilidad de los medios de comunicación darle al tema un trato que mantenga la serenidad del magisterio.

En otro orden de cosas, el dramatismo de esta huelga ha opacado algunos asuntos que podrían obstaculizar estos acuerdos, que tienen que ver con las interioridades de las luchas por el poder en el Sutep.

La dirigencia nacional del Sutep (que es mayoritariamente de Patria Roja) está siendo cuestionada desde dos flancos. Por un lado dirigentes de bases provinciales, entre los cuales hay apristas, regionalistas e independientes, que se quejan que la dirigencia nacional comunista no los representa. Por otro lado, los sectores radicales de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Puno, a quienes los dirigentes sutepistas denominan «pro senderistas», los cuales convocaron el 21 y el 22 de marzo un concurrido Congreso Nacional en Huancayo en el que acusaron a la dirigencia nacional de permitir la pauperización económica, profesional y social del magisterio. También critican la falta de democracia en la dirigencia, el uso indebido de los fondos de la Derrama Magisterial y la claudicación a la hora de sostener luchas y huelgas.

La dirigencia del Sutep ha contestado diciendo que este divisionismo fue alentado inicialmente por el ministro Nicolás Lynch para crear sus propias bases magisteriales con miras a construir su propio partido político, y que su salida les dejó la cancha libre a los disidentes. Según el Sutep el objetivo de los pro senderistas sería tomar el sindicato para utilizarlo como palanca política organizativa para enfrentarse al Gobierno y presionarlo a firmar el «acuerdo de paz» que dejaría libres a Abimael Guzmán y demás senderistas presos.

Así las cosas, cuando el Gobierno llegue a un acuerdo con el actual Sutep, tendrá que tomar en cuenta que es posible que las bases disidentes no acaten dichos acuerdos.