¿Por qué está en emergencia la educación peruana? Porque el común de los peruanos que asisten a la escuela no logran ni remotamente los objetivos que el Estado se propuso al crear el sistema educativo. Jóvenes de 15 años no comprenden lo poco que leen ni saben hacer cálculos aritméticos básicos. Es como si no hubieran ido al colegio. La educación les ha significado una estafa, un descarado mal uso de miles de horas de asistencia escolar, trabajo, tareas, castigos, para lograr casi nada. La malversación de fondos e ilusiones es la que coloca la educación en emergencia. Una de las razones para que eso haya ocurrido es que no aprendimos de la medicina. Si una persona que tiene un tumor maligno no se lo extirpa o cura, este se expandirá hasta producir su muerte. La sociedad peruana prefiere la agonía terminal de su educación porque aún no acepta el desastroso diagnóstico ni la idea de una cirugía radical. Todavía vive con la ilusión de que hay soluciones mágicas no traumáticas que pueden revertir lo malo sin dolor para convertirlo en bueno. No entiende que muchas de las opciones que se presentan como si fueran simultáneamente posibles en realidad son excluyentes.

Por ejemplo, dada una cantidad finita de dinero, los decidores deberían escoger entre atender más alumnos o darles más calidad a los ya atendidos; entre la inversión estatal adicional en la infancia o la que se hace en educación superior; entre la gratuidad universal indiscriminada o la equidad. También deberían escoger entre la estabilidad laboral magisterial perpetua o la estabilidad para quien se supera continuamente; entre el centralismo normativo o la autonomía escolar; entre el estímulo a la educación privada o la expansión de la educación pública; entre los derechos del profesor deficiente o el bienestar del alumno afectado; entre el avance apresurado de los programas escolares o la asimilación de los mismos por los alumnos.

Muchos peruanos preferirían pensar que es posible lograr todos los beneficios sin afectarse con los perjuicios y sacrificios requeridos, por eso todo el tiempo acumulamos fracasos. Esta voluntad de quedar bien con todos y prometer todo sin tener la capacidad de cumplirlo se expresa una vez más en la nueva Ley de Educación que aprobó el Congreso. En ella promete calidad, gratuidad, equidad, inversión mínima por alumno, dar prioridad a la educación rural, apoyo de los medios de comunicación, acreditación de instituciones educativas, articulación intersectorial, autonomía escolar, rendición de cuentas, garantía de idoneidad docente, liderazgo del director… pero todo ello sin medidas drásticas ni sacrificios. Prescribe que se destinará el 6% del PBI a la educación y que se extenderá la obligatoriedad a la educación inicial, pero sin establecer metas, plazos y compromisos económicos precisos para cumplirlos.

Por eso la declaratoria de emergencia de la educación anunciada por la primera ministra Beatriz Merino es la oportunidad para crear las condiciones a fin de romper el estancamiento y permitir que se establezcan metas, acciones, normas legales, plazos, indicadores de logros y compromisos económicos que viabilicen una reforma, de modo que en un plazo de 18 meses se obtengan evidencias de que se revirtió la agonía de la educación peruana.

Eso podría incluir evaluar de inmediato la capacidad lectora y aritmética de los docentes y alumnos de los diversos grados, centrar los objetivos de los programas y materiales didácticos que se usarán en el año 2004 para que apuntalen estas habilidades, y capacitar a los profesores para que encaren la enseñanza con una formación renovada, sobre cuyos logros deberían rendir cuentas, a cambio de las próximas mejoras en su remuneración. ¿Tendrá el Gobierno el coraje de hacerlo, o nos quedaremos otra vez en las promesas?