Tratemos de entender la lógica del pensamiento del Sutep frente a la evaluación censal docente. El gobierno demanda una evaluación censal docente con la finalidad de marcar una línea de base sobre sus habilidades en comprensión de textos escritos, dominio de razonamiento y cálculo matemático, conocimiento de currículo y pedagogía. Agrega que no será punitiva, no habrá aprobados ni desaprobados; el resultado individual lo conocerá solo el profesor que dio la prueba. El ministerio solo usará esta información para diseñar las capacitaciones y acciones curriculares futuras. ¿Qué pasará después con quienes salgan mal en estas evaluaciones? Se les capacitará, dice el ministerio. ¿Y si vuelven a salir mal en la siguiente evaluación después de la capacitación?… No hay respuesta del ministerio, pero sí del presidente Alan García, quien durante la clausura del Primer Congreso de la Asociación de Padres de Familia de Lima, (Alfonso Ugarte, 12/11/2006) dijo «Felicito que los maestros organizados hayan dado un paso importante aceptando la evaluación sabiendo que no es punitiva, no es para sacar personas, sino para saber cuáles son nuestros puntos flacos y vacíos, y luego capacitar. Claro que aquel que después de dos capacitaciones no aprende, podrá tener otro sitio pero no ser maestro». Está claro para todos que tarde o temprano el resultado de las evaluaciones-capacitaciones será distinguir entre los profesores competentes y los incompetentes y que éstos en su momento tendrán que dejar su lugar a otros. Allí aparece el Sutep como el gremio que se opone a cualquier evaluación que ponga en riesgo esta estabilidad laboral magisterial perpetua para los profesores nombrados. Hay que entender que el Sutep no es una entidad técnico-pedagógico sino política, dominada por los intereses de Patria Roja, que mueve sus fichas para evitar la municipalización de la educación y además evitar elecciones mediante la fórmula «un maestro un voto», porque ambas acciones debilitarían la hegemonía de Patria Roja en la conducción del Sutep. Temen que se fraccione el sindicato y que se repita la derrota que ya sufrió Patria Roja con Soledad Lozano en las elecciones del Colegio de Profesores, en las que solo lograron un 40% de los votos. Además, los agremiados exigen a su dirigencia que defienda la estabilidad laboral magisterial perpetua. Así, el tema de la evaluación docente es un pretexto de enorme contenido político por ambas partes. Por el lado del estado, porque quiere mostrar evidencias concretas de lo mal que están los profesores para evitar presiones por nuevos aumentos de sueldos y eventualmente empujar la aprobación de una nueva Carrera Pública Magisterial meritocrática con apoyo de la opinión pública, especialmente los padres. Por el lado del SUTEP, porque del resultado de esta acción dependerá de su capacidad de negociación para los próximos 5 años en todos los temas con los que no estén de acuerdo, como los antes mencionados. ¿Qué debería hacer el gobierno? Sabiendo que no hay forma de mejorar la educación sin enfrentar al Sutep y que esto tiene alto costo político, debería evitar estas escaramuzas desgastadoras y prepararse para la gran batalla política para la cual requiere de todo el apoyo de la opinión pública, los padres de familia y el Congreso. Se trata de la aprobación de una nueva Ley de Carrera Pública Magisterial, que incluya las evaluaciones obligatorias periódicas de profesores para certificar las competencias docentes que les permita continuar en sus funciones. Sin eso, se va a desgastar inútilmente ante cualquier evaluación, ya que sin la ley sus resultados no tendrán carácter vinculante. Eso tiene además una dimensión ética inaceptable. ¿Es posible aceptar que después de las pruebas censales el Ministerio de Educación sepa qué maestros son incompetentes y aún así permita que sigan teniendo niños a su cargo, condenándolos premeditadamente al fracaso escolar?