Hoy escribiré sobre un tema ético/pragmático

ES EDUCACIÓN; NO DEBE COBRAR.

Me cuenta un colega que hace unos días le solicitaron una conferencia magistral para el evento de aniversario de una importante entidad nacional. Al preguntar por sus honorarios le dijeron que no había presupuesto para eso. (Algo que con frecuencia ocurre con invitaciones de universidades y gremios). Eso me animó a escribir esta columna.

Cuando una empresa o institución privada o pública quiere una asesoría legal, le paga a los abogados su tarifa. Cuando requieren una asesoría tributaria, la pagan. Cuando requieren una asesoría para publicidad y marketing, la pagan. Cuando hacen consultas de salud ocupacional, las pagan. Cuando requieren transportar bienes, pagan el transporte. Nadie asume que esos son servicios gratuitos. Sin embargo, cuando le piden a un especialista que dé una conferencia aleccionadora sobre educación, en muchos casos suponen que no debe cobrar “porque es para la educación de la gente”.

Le ha pasado muchas veces a colegas conferencistas que universidades, institutos, empresas, cámaras de comercio, gremios, colegios profesionales, etc. los invitan para dar conferencias, pero les dicen que dado que “es un evento gratuito” y “no estamos cobrando a los asistentes”, el conferencista tampoco debería cobrar por su trabajo profesional.

Lo que estos “invitantes” deberían entender, es que, así como la ocupación que les genera renta a ellos es vender ropa, equipos electrónicos, comida o servicios legales, el del conferencista es dar conferencias. El que la cámara de comercio o colegio profesional o sociedad de industrias no asigne fondos para esos fines, no significa que no los tengan ellos o sus asociados que pagan por la membrecía, sabiendo además que se asocian precisamente para fines empresariales comunes o para hacer loobys que benefician a sus negocios.

A veces ministerios (que pagan millonadas a sus asesores y consultores) o universidades (que usan eventos públicos gratuitos para sus fines publicitarios) o asociaciones (que tienen equipos técnicos y burocráticos rentados que obviamente cobran por sus servicios profesionales) les piden a los conferencistas independientes que hagan presentaciones gratuitas.

Una de las estrategias que vienen usando hace siglos es decir que la educación es un “apostolado” implicando que su retribución debe ser solamente espiritual, mientras que no califican como apostolados la labor de médicos, policías, políticos, abogados, psicólogos, ingenieros, que con su actividad profesional, si es decente, cuidan el patrimonio, la vida y/o el bienestar de las personas.

En mi caso, doy decenas de conferencias y asesorías gratuitas todos los años, pero soy yo quien decide a quién le dono mi trabajo, conociendo su vulnerabilidad real y precariedad de recursos o mi identificación especial con la institución solicitante.

Considero que la valoración de la profesión docente incluye considerar a los educadores de quienes se solicita un servicio como pares profesionales de cualquier otro profesional que ofrece sus servicios a cambio de una remuneración. No se trata de que les paguen viáticos, ni “baratito no más”, sino la remuneración equivalente a sus servicios. Algunas instituciones ya lo han entendido y se comportan en consecuencia, pero hay muchas otras que aún no lo hacen y deberían revisar sus concepciones.

El día que eso sea parte del sentido común de las instituciones, se habrá dado un importante paso adelante hacia la valorización de los profesionales de la educación como pares profesionales equiparables a cualquier otra profesión.

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