La promulgación y posterior derogación del Decreto Supremo 084 que eliminaba la exoneración del pago del IGV a los espectáculos públicos culturales, con la excepción del folclor (?), debiera llevar a una profunda reflexión a las facultades de economía de las universidades del Perú, especialmente la Pacífico, Lima y Católica, cuyos egresados y profesores están instalados en el Ministerio de Economía. Son principalmente ellos los que elaboraron los estudios que, con la anuencia del Ministro Silva Ruete, habían repuesto el 18% de IGV a las diversas actividades que expresan la cultura peruana, lo que iba a reducir su acción.

 

Sirva la oportunidad para preguntarse ¿qué pasó con la formación ética de estos economistas, que no comprenden que por falta de una cultura de la decencia, la solidaridad y la ética social, somos un país que se desangra por la violencia, marca records de pobreza e insensibilidad social frente a los necesitados, no valora la justicia social, no tiene reparos en violar los DDHH y es la cuna de cuanto modelo autoritario haya incubado el siglo XX? ¿Dónde se puede luchar contra esta perversa y destructiva mentalidad sino es a través de nuestra educación y la expresión cultural, que es la portadora de la lucha por los valores trascendentes?

¿Porqué los gobiernos dictatoriales a lo largo de la historia han prohibido la libre circulación de libros, revistas, teatro, cine y más recientemente el acceso a internet?

Porque quien controla la producción cultural controla la mente. En cambio quien fomenta la expresión y desarrollo cultural fomenta la creatividad, la iniciativa, la crítica social, los sueños por un mañana mejor. Si bien eso suele incomodar al gobierno de turno, porque se ve acosado por las expectativas de la población especialmente la más joven, que suele ser la que más reacciona frente a las injusticias, ese es precisamente el espacio que usan las naciones para crecer.

 

Hay que entender que el patrimonio vivo de los pueblos también es cultura. Ello les permite contar con paradigmas con los cuales identificarse para darle sentido al país. En EE.UU. es el “American way of life” con un fuerte estímulo a la iniciativa privada. En Noruega es el igualitarismo social. En Canadá es el servicio público de calidad. En Japón la centralidad de la educación y la eficiencia laboral. En Costa Rica es la democracia. En Brasil la autopercepción de ser “o mais grande do mundo”. No tener esos referentes culturales es lo que hace que los peruanos estemos condenados a creer que somos incapaces y que la solución de nuestros problemas vendrá de fuera; que el estado debe proveerlo todo; que en las campañas electorales es lícito mentir para ganar; que el chisme es la principal fuente de información; que la responsabilidad social de las empresas se reduce a la filantropía; etc.

 

Este decreto supremo que gravaba con impuestos a la cultura, que se añadía a la reticencia de dar facilidades para que la población peruana tenga acceso fluido a los libros mediante la observada ley del libro, junto con la interminable construcción de la Biblioteca Nacional, hablan del escaso valor que tiene el derecho a la cultura para un gobierno que le coloca cada vez más estocadas. Cada grupo de teatro, productora de cine, grupo de danza o música que hubiera cesado sus actividades a partir de este decreto supremo, le hubiera significado al Perú una pérdida de lo más sano del reservorio ético que nos queda aún para aspirar mantener la cordura en el presente y permitirnos seguir construyendo un futuro promisor.

Harían bien las diversas facultades de economía, acostumbrados a la rendición de cuentas, en hacer un balance respecto a lo que este episodio significa.