Es preferible mantener la ley vigente por un tiempo más y, mientras tanto, crear las condiciones para suscribir un verdadero acuerdo nacional por la educación

A raíz de mi artículo anterior «Por favor, cambien esa ley» (9/10/2002) algunos colegas que participaron en su elaboración objetaron mi crítica a la ley por no haber rescatado nada positivo de ella y no haber propuesto alternativas. Ocurre que ante la inminencia de la aprobación de esta ley marco que estaba prevista para ser debatida y aprobada por el Congreso en la segunda quincena de octubre, había que dedicar el escaso espacio de la columna periodística para hacer notar por qué esa ley no estaba madura y debía ser corregida. Por lo demás, quienes me han leído o escuchado en diversos medios han podido conocer mis frecuentes propuestas. Sin embargo, por respeto a quienes han pedido precisiones, plantearé tres cosas concretas.
Primero, propongo no poner a debate del pleno del Congreso una ley inmadura, que si bien ha sido consultada con diversos subgrupos no ha pasado el escrutinio del debate público. ¿Conoce la mayoría de los congresistas y los ministros esta ley y sus implicancias, más allá de las buenas intenciones que comentan sus autores? ¿Conoce la opinión pública qué es lo nuevo que se propone para superar las leyes anteriores? La mayoría de los actores sociales y líderes de opinión que conozco encuentra múltiples imperfecciones a esta ley. Incluso los técnicos de la nueva administración del Ministerio de Educación recién han empezado a discutir este dictamen de la ley, para poder dar luego una opinión. Reitero entonces, el proyecto de ley no está listo para ser promulgado, lo cual requeriría de un intenso debate público previo, utilizando todos los medios de comunicación disponibles por el Congreso y el Ministerio de Educación que hasta ahora no han sido movilizados.
Segundo, propongo garantizar que la educación será tarea de todos, empezando por el Estado, lo que exige una excelente articulación intersectorial. Esto podría lograrse estableciendo una mesa de trabajo en la que estén presentes todos los viceministros para que revisen y reformulen el documento, de modo que en la ley queden establecidas explícitamente las responsabilidades y tareas de las que se hará cargo cada sector en provecho de la educación. De igual modo, establecer una comisión de congresistas que representen diversas comisiones sectoriales, para que hagan lo propio. La intersectorialidad debe sentirse en cada palabra de esta ley, porque el 80% de los factores que determinan la equidad y calidad de la educación no depende propiamente del sector Educación.
Tercero, propongo hacer un análisis del costo de cada garantía que establece este dictamen de la ley, de modo que quede acompañada por una carta de intención de financiamiento. Si la ley dice que el Estado garantiza la equidad, una remuneración digna para los profesores, la universalidad y gratuidad de la educación inicial, primaria, secundaria y superior de calidad para todos, asignar el 6% del PBI para la educación (duplicando el monto actual), la ley debería venir acompañada por la previsión de financiamiento debidamente concertada con todos los congresistas y el Ejecutivo, lo que se convertiría en la práctica en el Acuerdo Nacional por la Educación firmado por todos los grupos políticos. Así, las buenas intenciones no se quedarán en los discursos sino que se convertirán en realidades.
Es evidente que no estamos listos para esto, por lo que es preferible mantener la ley vigente por un tiempo más y, mientras tanto, crear las condiciones para suscribir un verdadero acuerdo nacional por la educación, el cual requiere que se ponga la educación en el primer lugar de la agenda política y empresarial nacional. Es decir, preparar una ley para el futuro, en el que la educación se haya convertido en la apuesta común de los peruanos.