¿Desistir de la gratuidad?

En la campaña de 1990, el Fredemo, de Mario Vargas Llosa, propuso replantear el tema de la gratuidad educativa universal de los estudios superiores, porque el Estado no puede financiar por sí solo una educación superior estatal de calidad para todos, y no es justo condenar a los pobres a estudiar en instituciones públicas si estas no tienen la calidad o las carreras que pueden encontrar en universidades privadas. También en esa época se planteó como una enorme injusticia el que egresados de universidades públicas que habían hecho enorme fortuna, como médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, economistas, etc., no tuvieran ninguna obligación formal de contribuir a sus instituciones formadoras devolviendo, al menos, el costo real de sus estudios. Por lo tanto, había que buscar un mecanismo para reformar todo eso, que pasaba por entender la gratuidad no como un principio sino como un mecanismo, entre otros, para asegurar que todo joven peruano capaz de encarar estudios universitarios pueda acceder a ellos sin limitaciones de orden económico. Uno de los mecanismos utilizados internacionalmente para similares propósitos es el de los créditos educativos universitarios administrados por bancos privados o fundaciones que, si bien requieren un fondo inicial y aval del Estado, en el mediano y largo plazo permiten lograr los cuatro objetivos buscados: más recursos para las universidades estatales (que cobrarán sus costos reales), dar al estudiante la opción de elegir libremente a qué carrera y universidad (pública o privada) prefiere aplicar, que cada uno pague el costo real de sus estudios y que el Estado concentre sus mayores recursos en la educación básica. El que no requiere el crédito, pagará al contado. El que lo requiere, pagará una vez que egrese de la universidad, tenga un empleo profesional y gane por encima de un mínimo verificable por la Sunat, de modo que un pequeño porcentaje de sus ingresos se derive al pago del crédito adeudado hasta cancelarlo. Es un sistema automático, sencillo, probado internacionalmente, al alcance de todos y que resuelve simultáneamente todos los problemas. Lamentablemente, faltan unos cinco años para que nuestra clase política aterrice en una solución como esta porque aún no hay una masa crítica de políticos capaces de entender y apostar por este sistema. En la Constitución de 1993 se avanzó algo al introducir, en el artículo 17, la oración: «En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación». Como Alberto Fujimori no quiso abrirse otro frente con las universidades senderizadas, abandonó el tema. Los gobiernos de Toledo y García, populistas en lo educativo, no han hecho grandes cambios en este status quo. Sin embargo, las adhesiones congresales suscitadas por la polémica iniciativa de Martha Hildebrandt de pedir que los egresados de una secundaria privada paguen por estudiar en las universidades públicas, avanza en la ruta de romper el principio de la gratuidad universitaria estatal, marcando otro hito en el paulatino entendimiento de que hay que ir a una nueva fórmula de financiamiento universitario que, probablemente, sea la de que todos paguen por la universidad y los que lo requieran se apoyen en el crédito educativo. Supongo que habrá que esperar unos cinco años, hasta el próximo gobierno, para ver si esto ya termina de cuajar.