«Se requiere un mecanismo alternativo más simple, equitativo y no discriminador que sustituya el injusto sistema actual»

Uno de los planteamientos electorales polémicos que hizo perder las elecciones a Mario Vargas Llosa y el Fredemo en 1990 fue el de revisar la gratuidad universal de la educación superior estatal. No se entendió entonces que la educación universitaria estatal gratuita, universal y de calidad es inviable en el Perú (y en casi todo el mundo), y que la gratuidad no es un principio sino un mecanismo (entre otros) para asegurar que nadie quede impedido de acceder a la universidad por razones económicas.

Se requiere un mecanismo alternativo más simple, equitativo y no discriminador que sustituya el injusto sistema actual, de modo que el estudiante pobre no solo pueda acceder sino también escoger la universidad en la que quiera estudiar, sin que su pobreza lo obligue a resignarse a que sea estatal. Asimismo, hay que entender que si la formación universitaria le da un valor agregado a quien accede a ella, porque el egresado ganará mucho más que el no universitario, el beneficiario, una vez que esté en condiciones, debería devolverle al Estado el dinero que invirtió en su formación a manera de un crédito pendiente de pago. Pero esto debería ser aplicado no solo en el caso de los pobres. No son pocos los estudiantes pagantes de universidades privadas que escogen una de bajo costo porque las otras no están a su alcance. Finalmente, ¿por qué el hecho de asistir a un colegio privado debe ser motivo de discriminación?

El proyecto de hacer pagar la universidad al alumno en función de su procedencia escolar comete tres errores: primero, discrimina a los alumnos cuyos padres, además de pagar impuestos con los que se financia la educación pública, hicieron el esfuerzo de pagar por un colegio privado, debido a que el Estado no fue capaz de proveerle una educación pública gratuita de calidad a la que tendrían por derecho constitucional. Segundo, desconoce que hay alumnos que asistieron a colegios públicos, pero su situación económica es similar a la de muchos que han asistido a colegios privados baratos. Tercero, la implementación de un mecanismo de revisión de las miles de excepciones, probablemente sea motivo de engaños, injusticias, corrupción y altos costos administrativos. Por lo tanto, la solución a todos los problemas de equidad, libertad para escoger la universidad y devolución poscarrera de lo invertido en ella es el crédito educativo a todo ingresante universitario que lo solicite.

Ese sistema no requiere identificar al universitario en función de su procedencia escolar previa, o el nivel socioeconómico de la familia, de la cual muchas veces ya se ha independizado. Todo aquel que lo quiere, sea rico o pobre, podría aplicar al crédito porque lo va a devolver (descontado por planilla), como cualquier préstamo bancario preferencial, el día que sea profesional, tenga empleo e ingresos profesionales. Así, no tenemos que diferenciar a los postulantes en función del nivel socioeconómico de su familia, ni condenar al pobre a escoger una universidad estatal. Por si fuera poco, le garantiza a las universidades estatales tener ingresos por pensiones equivalentes a los de las universidades privadas, con las que podrán competir en calidad de igual a igual. Esto permitiría, además, al Estado colocar dinero en las universidades públicas y privadas cuyas facultades o investigaciones se consideren de interés prioritario para el desarrollo del país, en lugar de colocar ciegamente el dinero fiscal en la caja común de cada universidad estatal, sin que respondan a prioridad o rendición de cuentas alguna. Es un sistema en el que todos ganan. El Estado solo deberá destinar un monto inicial y ser el aval de los créditos preferenciales que podría otorgarlos el Banco de la Nación y otros bancos interesados. Las pérdidas por malas devoluciones siempre serán mucho menores que los mil millones de soles anuales con los que el Estado financia a las siempre pobres universidades públicas.

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