A lo largo de las décadas diversos candidatos presidenciales nos han solicitado a los analistas de la educación ser parte de sus equipos técnicos o cuando menos darles algunas pistas sobre lo que habría que hacer en el sector. En mi caso, siempre les he dicho que el problema principal de la educación no es técnico sectorial sino político gubernamental por lo que ni siquiera las más brillantes sugerencias de gestión y/o reforma educativa serán efectivas. Es decir, si no hay una clara convicción de parte de todos los actores políticos relevantes sobre la prioridad que debe tener la educación y los cambios que urgen, ninguna reforma podrá prosperar porque no hay reformas sin dolor. Si no hay una articulación política con la oposición, ésta siempre saboteará las reformas por la facilidad de alinearse populistamente con los detractores. No se puede pisar cayos sin que a nadie le duela, sin costo político, sin resistencia a los cambios. Y ese esfuerzo político consistente y sistemático por la educación no lo he visto en gobierno alguno al menos en los últimos 40 años.

En cuanto al poder real de los ministros vale la pena mencionar que el ministro de educación en el mejor de los casos está en el quinto lugar en cuanto al poder de decisión de las reformas en su sector. El primero es el (la) presidente y sus convicciones y anuncios, luego el (la) primer ministro que tiene que hacer el lobby político con todos los actores relevantes, luego el (la) ministro de economía que decide cuánto y en qué se gasta, luego el (la) presidente de la comisión de educación del congreso y el (la) presidente del congreso que definen si se da pase o no a las leyes necesarias, y solamente después el (la) ministro de educación cuyo poder está limitado a lo que no requiera gestión política, legal o económica “fuera del libreto general” y más allá de lo “políticamente correcto”. En suma, navegar con salvavidas.

La larga experiencia hasta hoy ha sido que ninguno de los consultantes ha hecho caso de lo que se le ha propuesto. Por un lado, por falta de claridad de visión y convicción sobre la relevancia de la educación y el esfuerzo político por empujar las reformas. Segundo, porque en las campañas electorales predominan los asesores de marketing político que le dicen al candidato qué decir y qué no, porque el objetivo es ganar votos y no anticipar las reformas que inicialmente pueden ser incomprendidas o impopulares.

Dicho esto, para evitar más consultas inútiles, le adelanto a los potenciales consultantes un par de ideas para que las vayan digiriendo.

1). La experiencia internacional y el sentido común profesional enseñan que la innovación educativa no nace de los ministerios, que más bien la traban en aras de la uniformidad, el reglamentarismo y controlismo sancionador, sumado a la incapacidad de alentar cambios desde la base. Las innovaciones más conocidas han nacido de las propias instituciones educativas, de sus promotores y equipos docentes, que tienen la sapiencia de su propia experiencia profesional y el conocimiento del contexto específico en el que se ubica cada institución educativa. Esta comprensión no cala en los ministerios, muy conservadores, cuya burocracia siente que es la responsable de definir cómo deben actuar los colegios en todo orden de cosas sintiéndose guardianes del saber y protectores de los riesgos.

2) Así como la pedagogía moderna ha comprendido claramente que hay que pasar de una educación centrada en el maestro (programas, textos y autoridades externas al alumno) a la educación centrada en los alumnos (su identidad, motivación, pensamiento crítico, bienestar socioemocional, respeto a las diferencias), del mismo modo la gestión educativa progresista moderna enseña que la descentralización del poder es fundamental. Es decir, pasar de una educación ministerio-centrada a una educación colegio-centrada, para lo cual estos requieren autonomía e independencia para definir la ruta a seguir dentro de un marco educativo y curricular muy general pero flexible, para dar cabida a los cambios o adecuaciones necesarias para cada institución educativa. Esta autonomía debería incluir en los colegios públicos una asignación presupuestal por colegio, que debe definir autónomamente el uso que le dará para mantenimiento, equipamiento, servicios, alianzas, innovaciones, etc. bajo el liderazgo del director, teniendo como veedores/auditores a los representantes de las APAFAS. El director además debe ser la voz clave para definir la contratación de maestros, entre todos los habilitados para la función docente, para ocupar las plazas requeridas.

En el caso de los colegios rurales, las comunidades organizadas deben tener injerencia en la elección (y retiro) de los profesores que se harán cargo de sus niños y del uso del presupuesto asignado a esos colegios.

Es posible que al lado de miles de colegios que verían facilitado su desarrollo puedan haber algunos que caigan en el malgasto o la corrupción, pero serán sus propias familias las que paguen el precio de tal corrupción y tendrán que aprender a autoregularse. Aún así, es una mejor opción que la actual en la que la incompetencia, ineficiencia y corrupción del ministerio y los gobiernos regionales, afectan a la totalidad de los colegios de su jurisdicción, aplastando a todos aquellos que pueden hacer una mejor gestión que la que se deriva del gobierno central o regional.

3) Dada la frondosa cantidad de reglamentos, normas, procedimientos y protocolos existentes que asfixian a los colegios y los distraen de su tarea educativa central, encargaría al equipo legal reducir toda la normatividad vigente a un documento que simplifique todo eso a no más del 20% de la extensión y cobertura del articulado actual, eliminando detalles controlistas, teniendo más bien un fuerte componente de incentivos a la innovación y buen desempeño por encima de las posibles sanciones al incumplimiento.

Podría seguir con más propuestas innovadoras sobre las que ya he escrito antes, pero a manera de ejemplo me quedo con éstas. Si algún(a) candidato(a) se atreve a asumir conceptos como estos a sus propuestas electorales y luego de elegido(a) aplicarlo a su acción de gobierno, estará dando pasos importantes para levantar dramática y rápidamente el nivel educativo de la escuela peruana. De lo contrario, los educandos seguirán pagando el costo de la cobardía y falta de coraje de los gobiernos para convertir la educación peruana en una plataforma que facilite un exitoso desempeño de sus egresados en todo orden de actividades que respondan a los retos de la tercera década del siglo XXI

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