La escuela pública de Orlando se vende como supermercado para competir con las privadas. Por León Trahtemberg

En Orlando, Florida, la escuela pública ha dejado de ser un servicio garantizado para convertirse en un producto que hay que vender. El distrito escolar de Orange County (OCPS), uno de los más grandes del estado, enfrenta una fuerte caída en la matrícula: se estima que perderá 3,100 estudiantes en el año escolar 2025‑2026, lo que representa una merma de $27.8 millones en fondos estatales, ya que el estado paga por cada alumno, y eso equivale a unos $8,950 de financiamiento anual.

Ante esta sangría, OCPS ha tomado una decisión sin precedentes: contratar una firma de marketing político, Caissa Public Strategy, para que reclute alumnos a cambio de $935 por cada estudiante que vuelva y permanezca al menos 30 días en una escuela pública. En otras palabras, el distrito está dispuesto a pagar por cada “cliente recuperado”, como lo haría una empresa que teme perder su participación en el mercado.

Y, como todo buen vendedor, OCPS ha preparado su catálogo de beneficios: programas de Bachillerato Internacional (IB), Cambridge y Advanced Placement (AP), clases universitarias gratuitas desde secundaria, talleres técnicos y vocacionales, deportes, arte, robótica, transporte escolar sin costo, alimentación subsidiada, atención psicológica y asesoría vocacional, todo empaquetado bajo una promesa irresistible: “todo esto, sin costo para la familia”.

Esta ofensiva no es casual. Desde que el estado de Florida amplió su programa de vouchers (becas “Family Empowerment”) para financiar la educación privada o el homeschooling con dinero público, miles de familias han migrado. En esa lógica, la escuela pública ya no es la opción natural, sino una más en el mercado educativo, obligada a competir contra colegios privados y modelos en casa que ofrecen supuesta flexibilidad, personalización y control parental.

Esta opción es muy compleja. Tal vez la competencia obligue a las escuelas públicas a modernizarse, diversificarse y responder mejor a las necesidades de los estudiantes. Pero hay una pregunta de fondo que no podemos ignorar: ¿qué pasa cuando el derecho a la educación se convierte en una estrategia de marketing?

Cuando los sistemas públicos deben gastar dinero para recuperar alumnos como si fueran clientes perdidos, algo se ha roto. El ideal de una escuela pública como espacio común, gratuito, accesible y digno para todos se ve arrinconado por una lógica de mercado que premia al que más seduce, no al que mejor educa.

Hoy, en Orlando, la escuela pública se vende como supermercado. ¿Estará marcando la tendencia que se expresará también en otras ciudades y países? Lo que es muy frecuente en distintas instituciones públicas, es el invento de todo tipo de cursos e inciativas con tal de no perder estudiantes (clientes) por los que el estado paga, evitando la reducción del personal docente.

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