Nos encontramos en una coyuntura ambigua: un presidente aterrador que hace todo para no inspirar confianza en él, en su entendimiento del país y en su capacidad de citar con lucidez autores o argumentos de especialistas sobre cada tema en el que interviene; y, al mismo tiempo, un espacio de 60 días altamente cargado de contenidos electorales, judiciales y políticos, además de discusiones sobre la idoneidad de los candidatos y futuros congresistas.

A la vez, un Congreso que quiere aprovechar esta turbulencia para aprobar las últimas leyes orientadas a proteger los intereses personales de quienes terminan sus funciones.

En este ambiente de turbiedad y vacío de control, quizá se dé la oportunidad para que, en algunos ministerios donde todavía quede gente entendida y sensata, se hagan cambios que dependan de sus gestores y que alivien a los ciudadanos afectados por las visiones burocráticas, reglamentaristas y obsoletas que dominan las normas que rigen su sector.

Quién sabe si el Ministerio de Educación, posiblemente el más retrógrado y absurdo en sus normatividades de América Latina, pueda hacer algo decoroso para que, al menos, el cierre de este quinquenio deje una esperanza para una gestión más inteligente e innovadora en el próximo.

Hay temas como el desastroso SíseVe, los sistemas de evaluación de aprendizajes y los reportes que exige, el currículo segmentado verticalmente por áreas -pese a su aspiración transversal-, los protocolos administrativos vinculados a infraestructura y gestión, la disciplina escolar y la judicialización de la convivencia escolar, que podrían modificarse mediante normas del propio ministerio.

También podría eliminar o simplificar drásticamente la excesiva carga burocrática que obliga a directores y docentes a dedicar incontables horas a llenar formatos, evidencias y documentos administrativos que rara vez mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Liberar tiempo para enseñar, preparar clases, acompañar alumnos y trabajar con las familias tendría un impacto inmediato y mucho más valioso que cualquier nueva regulación.

Asimismo, podría devolver mayor autonomía a las escuelas para tomar decisiones pedagógicas y de convivencia acordes con su realidad, reduciendo el centralismo normativo que asfixia la iniciativa y convierte a los educadores en simples ejecutores de disposiciones desconectadas del aula.

Solo se requiere un poco de sensatez, convertir en acciones los reclamos expresados durante años por miles de afectados y tener el coraje de actuar. Quienes hoy tienen en sus manos esos 60 días podrían dejar una huella más favorable para la educación peruana que todos sus antecesores, quienes le han hecho la vida cada vez más difícil a directores y profesores escolares, en desmedro de los millones de estudiantes peruanos que dependen de la escuela para construir un camino de vida.

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