El SíseVe es otro invento burocrático del Ministerio de Educación que nace con la intención de resolver un problema, pero termina creando otros mucho mayores. Diseñado para combatir la violencia y el acoso escolar, este sistema está incubando un problema ético y social de proporciones alarmantes: la condena laboral y social de los involucrados, incluso en casos de inocentes o conflictos menores. Junto con eso, no resuelve los problemas para los que fue creado.

Denuncias basadas en malentendidos, acusaciones sin pruebas concluyentes o simples actos de despecho de algún padre de familia amparado en el anonimato pueden derivar en un registro eterno. Los colegios, obligados por la norma bajo pena de sanción, deben recoger testimonios, seguir protocolos y líneas de tiempo, documentar cada incidente y registrar nombres de los implicados en plataformas digitales que, una vez completadas, no pueden ser eliminadas. Junto con ellos, alimenta el incremento de registros por asuntos menores “para evitarse problemas” de parte de los profesores que prefieren no intervenir y se distancian de la necesidad de corregir a los alumnos para no ser acusados de maltrato. Este registro permanente se convierte en un arma de doble filo: una herramienta diseñada para proteger puede terminar condenando a inocentes y a quienes deberían ser rehabilitados o protegidos.

En Perú, la confidencialidad de los documentos digitales ha mostrado vulnerabilidades importantes. Basta con observar los casos de hackeos recientes, donde listas de clientes bancarios o información sensible de empresas han terminado en manos de terceros, para entender el riesgo real del mal uso de datos. Si los registros del SíseVe llegaran a filtrarse —y no es una posibilidad lejana considerando los precedentes de ciberataques a instituciones públicas y privadas—, la información podría acabar en manos de empleadores, bancos, aseguradoras o instituciones educativas.

Imaginemos el impacto: un joven que, durante su niñez o adolescencia, fue denunciado en el SíseVe por un conflicto escolar menor —quizás una pelea en clase o una mención de un tercero que lo involucra en algún acoso o agresión en la que no participó—, encuentra cómo esa información reaparece años después cuando postula a un empleo, solicita un crédito bancario o busca un seguro. La existencia de este «historial» podría convertirse en un lastre permanente, una especie de «antecedente penal escolar» imposible de borrar.

Esto plantea varias preguntas éticas: ¿es justo que una denuncia, incluso no probada, que puede involucrar a inocentes o ser narrada de manera descontextualizada, condene a alguien a la exclusión social o laboral? ¿Deberíamos permitir que, aún en caso de existir errores o conflictos en la infancia y adolescencia, éstos sigan pesando en la adultez? ¿Dónde está la protección al menor en todo esto?

La realidad es que los sistemas de registro como el SíseVe, aunque bien intencionados, no suelen prever las consecuencias a largo plazo de la acumulación y manejo de datos. Incluso en países con legislaciones estrictas sobre privacidad, estos sistemas han sido objeto de abusos y filtraciones. En el Perú, el riesgo es aún mayor.

Además, existe la posibilidad de que el simple hecho de figurar en el SíseVese convierta en un estigma. Las instituciones educativas podrían usar estos registros como criterio de selección para admisiones. Las empresas, buscando minimizar «riesgos» en sus contrataciones, podrían excluir a candidatos que aparezcan en estos listados. Incluso bancos y aseguradoras podrían evaluar perfiles de riesgo basados en esta información. En ese punto, el SISEVE dejaría de ser una herramienta de protección escolar para convertirse en un arma de exclusión.

El sistema necesita reformas urgentes. En primer lugar, es fundamental desactivar el SISEVE hasta que se cree una fórmula más adecuada para tratar estos temas. También se debería devolver a los colegios el manejo inicial de los asuntos disciplinarios, antes de escalarlos a instancias externas, asegurando que solo los casos graves de agresión, acoso o violación sean derivados a los canales legales correspondientes (que ya existen). Junto con esto, se necesita una normativa que prohíba expresamente el uso de los registros para cualquier propósito ajeno a la resolución de conflictos escolares. Si se detecta que una entidad ha utilizado estos datos para evaluar a una persona, debe ser drásticamente sancionada.

Los conflictos de la niñez y adolescencia, por más complejos que sean, no deberían condenar a nadie al aislamiento laboral y social en la adultez. Si no tomamos medidas ahora, el SíseVe podría terminar siendo más una herramienta de exclusión que de protección.

Es momento de reflexionar sobre los límites del registro eterno y proteger el futuro de las personas más allá de las falsedades registradas, trasgresiones o errores de su pasado escolar. Porque un sistema que busca proteger no puede, al mismo tiempo, convertirse en el verdugo de los jóvenes que pretende salvar.

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Afines:

El lado oscuro del SíseVe, que atenta contra los derechos de los niños y adolescentes.
https://www.trahtemberg.com/el-lado-oscuro-del-siseve-que-atenta-contra-los-derechos-de-los-ninos-y-adolescentes/

El SíseVe no está alineado con el Bienestar.
https://www.trahtemberg.com/el-siseve-no-esta-alineado-con-el-bienestar/