En su última columna de 2023 para Materia (EL PAÍS), Francisco Doménech revela publicaciones preocupantes en el ámbito científico. La Universidad de Córdoba suspendió por 13 años al muy citado químico español Rafael Luque, que publica un estudio cada 37 horas. Fue sancionado por firmar como investigador de la Universidad Rey Saúd y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, influyendo en elevar el ranking académico de estas instituciones.

Ai Koyanagi, psiquiatra japonesa del Instituto de Investigación Sant Joan de Déu en Barcelona, se vio obligada a renunciar a su contrato con la universidad saudí Rey Abdulaziz, tras publicar 115 trabajos en un año. Esta es una estrategia de universidades árabes para mejorar su prestigio mediante la contratación de científicos influyentes.

José Manuel Lorenzo, el investigador más prolífico de España sobre carnes, publicó estudios sobre tratamientos de enfermedades de las encías con veneno de abejas, colaborando con investigadores de India y Arabia Saudí, sin conocerlos ni ser experto en esos temas.

La trama se extiende a una empresa dirigida por el matemático Juan Luis García Guirao, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, que intermedia entre investigadores y la Universidad Rey Abdulaziz. Esa compañía cobra por intermediar entre los investigadores y la Universidad Rey Abdulaziz.

Ésta es una tendencia preocupante, en el que las universidades se disputan a estos científicos muy citados, para que les ayudan a escalar en las clasificaciones académicas internacionales, atraer más alumnos, ganar prestigio y recaudar más dinero.

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