Cada 28 de julio el país escucha un discurso presidencial que suele durar varias horas. Al terminar, unos destacan lo dicho, otros enumeran lo omitido y, pocos días después, casi nadie vuelve sobre el texto. El mensaje termina siendo más un inventario de anuncios y buenas intenciones que un compromiso verificable con los ciudadanos.

Revisé los discursos inaugurales de los presidentes desde 1949 y encontré un patrón sorprendentemente constante. La educación, que debería ocupar un lugar central en cualquier estrategia de desarrollo, casi siempre aparece relegada a unas pocas referencias y, en varios casos, ni siquiera es mencionada. Cuando aparece, suele entenderse como un asunto de infraestructura, cobertura, presupuesto o equipamiento. Muy rara vez se la presenta como la principal estrategia para transformar la productividad, la innovación, la ciencia, la convivencia democrática y la capacidad del país para competir en el siglo XXI. Lo mismo puede decirse de todos los otros sectores.

El resultado está a la vista. Cada gobierno inaugura una nueva lista de anuncios; el siguiente cambia las prioridades y muchas promesas quedan inconclusas. El problema no es solamente el incumplimiento. También es la ausencia de prioridades claramente jerarquizadas. Cuando todo es prioridad, en realidad nada lo es.

Quizá hemos entendido mal la naturaleza del mensaje presidencial. No debería ser un balance ministerial. Debería ser un contrato público entre el presidente y los ciudadanos. Todo el detalle de obras, programas, normas y estadísticas puede entregarse por escrito o ser explicado posteriormente por los ministros en sesiones públicas dedicadas a cada sector.

Imagino un mensaje presidencial de apenas quince minutos. No para resumir cientos de acciones, sino para explicar con claridad la visión de país y presentar no más de cinco o seis grandes compromisos nacionales, aquellos que el gobierno considere las prioridades estratégicas de su mandato.

Cada compromiso debería cumplir cuatro condiciones: ser concreto, tener indicadores públicos, fijar una fecha de cumplimiento y obligar al gobierno a rendir cuentas periódicamente sobre sus avances y dificultades. Después, cada ministro desarrollaría los aspectos técnicos de su sector respondiendo preguntas de especialistas, periodistas y ciudadanos. El presidente reservaría su palabra para aquello que realmente define el rumbo del país.

Gobernar también consiste en escoger. Ningún gobierno puede hacerlo todo. La principal responsabilidad presidencial es definir cuáles son las pocas prioridades nacionales capaces de movilizar al Estado, orientar la inversión pública y privada, convocar a la sociedad y producir el mayor impacto en el desarrollo del país.

Los países no cambian porque sus presidentes hablen durante cinco horas. Cambian cuando son capaces de definir unas pocas prioridades nacionales, cumplirlas y demostrarlo con resultados. Tal vez haya llegado el momento de que el Perú cambie también la forma de hablarles a sus ciudadanos.

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