Las cifras del MINEDU, especialmente las referidas a aprendizaje, violencia escolar, salud mental e infraestructura, bastan para retratar este drama. A ello se suman los diagnósticos coincidentes de especialistas de muy diversas corrientes. Una reforma que con unos pocos decretos supremos y resoluciones ministeriales podría darle la vuelta a la educación peruana en un año corre el riesgo de convertirse en un nuevo quinquenio perdido si el nuevo gobierno administra la educación como lo han hecho los anteriores durante las últimas décadas. Varios analistas hemos publicado reiteradamente rutas para transformar rápidamente la languideciente educación peruana, pero los gobernantes han preferido el desinterés y el populismo del «no hagan olas», acomodándose a la inercia mediocre del sistema y de sus operadores.

No basta con cambiar ministros, aumentar presupuestos o anunciar nuevos programas. El problema no está en la velocidad con la que se ejecuta el modelo vigente, sino en que ese modelo pertenece a otra época. Seguimos organizando la escuela como si el propósito fuera transmitir contenidos estandarizados a grupos homogéneos de estudiantes que avanzan al mismo ritmo. Mientras tanto, el mundo exige personas capaces de aprender durante toda la vida, trabajar con inteligencia artificial, resolver problemas inéditos, colaborar con otros y adaptarse a escenarios impredecibles.

La reforma pendiente consiste en devolver autonomía a las escuelas para innovar, reemplazar el exceso de regulaciones por una gestión basada en la coherencia entre las promesas y los resultados de sus propuestas, reducir la hipertrofia burocrática del MINEDU y convertir a los directores y maestros en profesionales confiables, no en simples ejecutores de disposiciones administrativas. Si el Estado sigue administrando obediencia en lugar de promover innovación, continuará obteniendo exactamente los mismos resultados.

La verdadera prueba del próximo gobierno no será si inaugura más colegios o distribuye más computadoras, sino si se atreve a desmontar las reglas que mantienen cautiva a la educación peruana. Las grandes transformaciones rara vez requieren cientos de leyes; suelen comenzar con unas pocas decisiones que cambian los incentivos, devuelven libertad a quienes educan y ponen al estudiante —no a la burocracia— en el centro del sistema. Ese es el coraje político que el Perú necesita. Porque cada año que se posterga esta reforma no solo se pierde un año de gobierno: se condena a una nueva generación de niños y jóvenes a recibir una educación incapaz de prepararlos para el mundo que ya llegó.

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