La noticia del plagio en la elaboración de libros y tesis por parte de Dina Boluarte y decenas de otros candidatos, funcionarios, ministros y congresistas, y la de títulos por parte de maestros postulantes a plazas escandaliza como si fuera una novedad, como si fuera un descubrimiento de algo inusual e inaudito que requiere acciones drásticas contra esos pocos trasgresores de la legalidad. Personalmente intuyo que si revisaran las 150,000 tesis al año que se exigen para bachillerato o títulos profesionales un altísimo porcentaje de ellas contendrían plagios directos o acomodados similares a los que han sido hechos públicos en estos tiempos.

En el caso de los maestros, está evidenciado que hay un estímulo intrínseco al plagio en procesos de selección basados en documentos y exámenes uniformes masivos. La presión por asegurarse un lugar puede llevar a prácticas deshonestas. La ansiedad por no obtener la plaza deseada, con sus consecuencias significativas como la falta de oportunidades profesionales, hace que algunos opten por atajos poco éticos para alcanzar sus metas.

Hace unos años en Estados Unidos se planteó la vinculación de la continuidad en la plaza y el salario docente con los resultados de sus alumnos en pruebas nacionales. Al poco tiempo se dieron cuenta que hubo cantidades de profesores que usaron todo tipo de artimañas para que sus alumnos saquen mejores puntajes, sea adelantándoles preguntas que vendrían en los exámenes o dejándolos copiar a la hora de dar el examen. El sistema era perverso y tuvo que ser reformulado.

No pretendo defender las trasgresiones censurables ni el plagio. Lo que pretendo es hacer notar que hay una responsabilidad también en la institución que incentiva al plagio. Alguna vez en una discusión sobre el plagio de escolares en sus exámenes, que fue calificado por sus denunciantes como inmoral les planteé: “si no quieren que copien, no les hagan preguntas o consignas que se pueden resolver copiando”.

Hay que preguntarse en la propuesta de evaluación basada en llenar portafolios y rendir exámenes masivos uniformes si no hay intrínsecamente una trampa incentivadora al plagio, del que caerán presa sobre todo los más desesperados o frágiles, que no necesariamente serían los peores maestros. Maestros que se saben competentes, tienen éxito, pero tienen que pasar por un colador de requerimientos o exámenes impersonales que no evalúan ni remótamente su capacidad docente.

Sancionar a los detectados sin cambiar los requerimientos del sistema de evaluación para que sea más realista y pertinente termina siendo altamente perverso. Del mismo modo que exigirle una investigación original a quien en cinco años de estudios universitarios no fue formado para hacer la tesis que le da el diploma tampoco parece respetuoso del esfuerzo acumulado de los estudiantes.

El Minedu y los gobiernos regionales no son universidades ni centros de formación docente. ¿No es acaso un contrasentido que se permitan evaluar anualmente a decenas de miles de maestros a los que ni siquiera conocen de manera personal? Quien mejor que el Minedu para hacer notar las inconveniencias educativas y éticas que plantean las formas de evaluación impersonales existentes, sea para contratados o ascensos de nombrados para reformular sus estrategias (sobre las que he escrito anteriormente), y a la par, orientar a las universidades para que sean más sensatas y coherentes en sus exigencias de titulación de los estudiantes.

(Imagen de: Fiscalía interrogará a Dina Boluarte sobre presunto plagio en libro)
https://larepublica.pe/politica/actualidad/2023/07/12/dina-boluarte-fiscalia-buscara-interrogar-a-presidenta-sobre-presunto-plagio-en-libro-ministerio-publico-1015932