Las normas que hacen imposible el reinicio de clases semipresenciales voluntarias por parte de los padres de familia de las instituciones educativas urbanas que han seguido los protocolos de bioseguridad exigibles, son solo un ejemplo de la manera como el Ministerio de Educación (asociado con el MINSA) desconocen la capacidad de los padres y profesores para decidir lo que es mejor para sus hijos y alumnos. Hacer depender el reinicio de clases presenciales a cumplir con condiciones maximalistas de no contagio por el covid en cada distrito que mayoritariamente son imposibles de cumplir para el reinicio de clases presenciales, es un ejemplo de discriminación contra los colegios. (El video de Marco Loret de Mola -Director de MatLab- es muy ilustrativo). A ningún centro comercial, banco, ministerio, congreso, sala judicial, comisaría, etc. se le exigen las condiciones distritales que se exige a los colegios para operar con el aforo establecido. ¿Por qué esta discriminación contra los colegios? ¿Por qué esta desvalorización del criterio que pueden tener maestros y padres de familia sobre la viabilidad y conveniencia de que los colegios funcionen y que los padres decidan si envían a o no a sus hijos a clases semipresenciales?

Muchos padres me preguntan ¿qué le pasa al Minedu? ¿Por qué es tan sordo y hostil a las demandas de los padres y maestros que procuran lo mejor para sus hijos y alumnos y que tienen suficiente criterio para decidir si el retorno a clases es viable o no?

Lo que los padres deben entender es que lo que el Ministerio de Educación hace en este tema no es una excepción respecto a la manera como asume su rol rector de la educación en todos los otros temas. Intentaré una explicación respecto al conjunto de su accionar, al menos en los últimos 50 años.

Cuando uno analiza la manera como varios de los ministros de educación en las últimas décadas han tratado a su sector, la analogía con la de un comandante general de la educación resulta bastante afín a la manera como en la realidad ocurren las cosas en el sector.

El Comandante General convoca a un grupo de coroneles- asesores, y les da las consignas que se derivan del parecer presidencial o el suyo propio respecto a la educación y lo que hay que hacer. Estas nacen en la cabeza de la pirámide de mando y se imponen hacia las bases, o sea las instituciones educativas, ignorando que son las que realmente conocen el día a día de la vivencia escolar y lo que necesitan para perfeccionar su rol educativo.

Este equipo de comando por sí y ante sí define políticas, prioridades, estrategias, y luego encargan a sus asesores legales redactar las normas y reglamentos, que fieles al estilo militar son verticales, autoritarios, reglamentaristas, conductistas, de modo que los capitanes en la UGELES los apliquen drásticamente y ninguno de los suboficiales (directores escolares) o soldados (profesores) se salgan de los protocolos y normas establecidas. Para ese caso, hay un largo listado de sanciones para todo aquél no se ciñe fielmente al mandato superior.

En ese contexto no hay espacio para la innovación escolar, la autonomía de gestión, no hay incentivos para el desarrollo de iniciativas originales, no hay opciones para contextualizar y adecuar la propuesta educativa a las realidades y posibilidades de cada localidad y cada escuela, no hay respeto al profesionalismo de los profesores y su capacidad de decidir qué es lo mejor para sus alumnos… En suma, el buen profesor es el que cumple al pie de la letra lo que el comandante general a través de la jerarquía militar le demandó hacer.

Algunos dirán que exagero un poco, porque el ministerio finalmente tiene que ser el órgano rector del sector. Lo que deben entender es que una cosa es ser el órgano rector y otra es ser el órgano impositor, carcelario, que no deja espacios para la adecuación e innovación y actúa con espíritu persecutorio y sancionador.

Jamás un ministerio de educación en ninguna parte del mundo podrá actuar -para adecuarse a la realidad rápidamente cambiante- con la rapidez y adecuación a las situaciones particulares, comparable con la velocidad de reacción y adecuación de cada institución educativa. Estas son sensibles a los cambios en la tecnología y sus posibles aportes, las demandas del mundo laboral, los problemas socioemocionales de los alumnos, las realidades económicas de cada familia, los temas que involucran el mundo digital y global, las nuevas demandas curriculares… Eso que un colegio puede adecuar de un año al otro a los ministerios de educación les toma 10, 20 o más años.

Lo que digo no tiene que ver con algún ministro de educación en particular (muchos de los cuales han actuado de buena fe sin percatarse del daño que han hecho a nidos, colegios y alumnos), sino con la cultura ministerial que debiera cambiar de una vez por todas, entendiendo que un ministerio que rige sobre 100 mil colegios públicos y privados y 10 millones de alumnos no puede pretender saber más que cada una de las instituciones educativas sobre lo que es mejor para los alumnos, anulando la capacidad de propuesta de los maestros, que son los profesionales de la educación, tan o más competentes como los que se sientan en las oficinas ministeriales.

Lo que se permite a un notario, contador, ingeniero civil, arquitecto, médico, que con su firma avala el valor técnico y profesional de sus intervenciones, ¿por qué no se permite a los directores y maestros que actuando como colectivo en cada institución educativa definen la ruta a seguir para optimizar los aprendizajes y el bienestar socioemocional de sus alumnos?

Salvo que se siga pensando que los profesores son profesionales de menor jerarquía y confiabilidad, que deben limitarse a ser tratados como soldados de la educación.

Espero que quienes lideren el próximo gobierno y ministerio de educación hagan el esfuerzo por entender que los países que progresan en su educación, ciencia y tecnología son los que fomentan la innovación a todo nivel, y que entienden que las autoridades ocasionales están allí para aumentar el efecto multiplicador de las ideas novedosas y las buenas prácticas que ocurren en las instituciones educativas públicas y privadas que gozan de amplios márgenes de autonomía, y no para aplastarlas en aras de alinearse con un modelo uniforme imaginado en la cúpula ministerial.

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