Cada año aumentan los conflictos entre familias y colegios relacionados con denuncias por bullying, violencia, acoso sexual de docentes a estudiantes y entre estudiantes, y otros problemas de convivencia. Los mecanismos de solución existentes son cada vez más engorrosos e ineficaces. Con frecuencia terminan en el SiSeVe, Indecopi, procesos administrativos o judiciales que suelen prestar más atención al cumplimiento de procedimientos formales que a la calidad del abordaje educativo y la protección efectiva de los estudiantes. Para evitarse problemas y denuncias, los profesores optan por mantener distancia de los alumnos que más necesitan acompañamiento, quienes pierden la oportunidad de recibir una adecuada atención psicológica o pedagógica. Mientras tanto, los colegios deben destinar enormes recursos humanos, económicos y legales para defenderse, incluso cuando finalmente se demuestra que actuaron correctamente. Al final, todos pierden.

El problema es que el sistema actual es profundamente asimétrico. Los padres tienen, con toda razón, el derecho —y muchas veces el deber— de denunciar cuando creen que un estudiante ha sido perjudicado. Pero cuando una denuncia resulta infundada, irresponsable o incluso presentada de mala fe, no existe consecuencia alguna para el denunciante. En cambio, el colegio ya asumió costos, desgaste reputacional, horas de trabajo de directivos y docentes, asesorías legales y tiempo que dejó de dedicar a su verdadera misión: educar. Y los profesores reciben un mensaje muy claro: «No te acerques demasiado a los alumnos, aunque te necesiten».

No propongo limitar el derecho a denunciar. Todo lo contrario. Propongo fortalecerlo mediante un sistema que investigue con rapidez, objetividad y credibilidad, protegiendo tanto a los estudiantes como a las instituciones que actúan correctamente. Tampoco propongo presumir que el colegio tiene razón. Propongo que ambas partes tengan exactamente las mismas garantías y las mismas responsabilidades.

La solución podría ser un Sistema de Arbitraje Educativo, inspirado en modelos que funcionan exitosamente en otros ámbitos, como el arbitraje comercial o las entidades acreditadoras de calidad. Su objetivo no sería reemplazar a la justicia, sino ofrecer una instancia técnica especializada capaz de resolver la inmensa mayoría de controversias antes de que escalen innecesariamente.

El procedimiento sería sencillo. Toda denuncia de los padres debería presentarse primero ante el propio colegio. La escuela recuperaría así su condición de primera instancia natural para resolver los conflictos que ocurren dentro de su comunidad educativa. Esto incluye la posibilidad de que un maestro denuncie a un padre o madre por maltrato, hostigamiento o difamación. El colegio tendría la obligación de realizar una investigación objetiva, escuchar a todas las partes, reunir evidencias y emitir, en un plazo breve, un informe fundamentado con las conclusiones y las medidas correspondientes. Si existieran indicios razonables de la comisión de un delito, el caso se derivaría inmediatamente al Ministerio Público, sin esperar el arbitraje.

En caso contrario, con la investigación y conclusión escolar, el caso termina allí. Si los denunciantes la consideran inaceptable o incorrecta, se activa una segunda instancia: una entidad técnica de arbitraje, especializada e independiente, previamente acreditada por la autoridad educativa. Cumplirá requisitos rigurosos de independencia, experiencia, protocolos estandarizados, transparencia y ausencia de conflictos de interés, del mismo modo que hoy existen entidades acreditadoras en otros sectores. Estaría integrada por un abogado especializado en derecho educativo, un psicólogo infantil o adolescente y un educador de reconocida trayectoria, pudiendo incorporarse otros especialistas según la naturaleza del caso. La entidad deberá emitir su resolución en un plazo perentorio de cinco días hábiles, salvo situaciones excepcionalmente complejas.

Las partes podrían escoger de común acuerdo la entidad arbitral que realizará la revisión. Si no hubiera consenso dentro de un plazo determinado, la autoridad competente la designaría por sorteo entre las entidades acreditadas, garantizando absoluta imparcialidad.

El principio central del sistema debe ser la simetría de responsabilidades. Si la denuncia no logra acreditarse con la evidencia disponible, el caso se archiva sin que ello implique considerarla falsa. Si el colegio actuó con negligencia o incumplió sus deberes de protección, deberá asumir las consecuencias administrativas, civiles o contractuales correspondientes, además de implementar las medidas correctivas necesarias. Pero si la investigación concluye que existió una denuncia presentada de manera irresponsable, temeraria o deliberadamente falsa, también deberían existir consecuencias proporcionales. Dado el quiebre de la confianza indispensable para mantener la relación educativa, podría incluso influir en la continuidad del vínculo contractual con el colegio.

Al existir procedimientos rápidos, especializados y técnicamente sólidos, quienes realmente hayan sufrido abuso, violencia o negligencia obtendrían respuestas mucho más oportunas que las actuales. Se trata de proteger la confianza como un activo indispensable para educar, resolver los conflictos con rapidez y evitar largos litigios donde todos pierden, especialmente los estudiantes.

Ha llegado el momento de crear un mecanismo independiente, especializado, rápido y creíble que devuelva a los colegios la posibilidad de resolver responsablemente sus propios conflictos, permita una revisión técnica imparcial cuando sea necesario y establezca que tanto el derecho a denunciar como el deber de hacerlo responsablemente forman parte inseparable de una misma cultura de justicia. Esto protege, además, el derecho de todo el alumnado a contar con docentes plenamente dedicados a educar, sin tener que distraerse en un sinfín de reuniones y quehaceres administrativos que los alejan de aquello para lo que fueron formados: educar, orientar y proteger a sus estudiantes.

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